Militarización extrema en Ecuador a minutos del cierre de las urnas
Vehículos militares, vallas, alambradas y centenares de soldados rodean la Consejo Nacional Electoral. «Es la primera vez que se ven tanques de guerra y este nivel de cerco militar en el CNE», relató la corresponsal Elena Rodríguez desde Quito.
En los alrededores del CNE se desplegó un tanque con ruedas, también conocido como vehículo de combate blindado con ruedas (VCBR), una clase de vehículos militares con ruedas que se utilizan en lugar de los tanques de orugas tradicionales en terrenos pavimentados.
13 de abril de 2025 Hora: 18:05
La decisión del gobierno de Daniel Noboa de militarizar calles y suspender derechos fundamentales días antes de la segunda vuelta electoral genera alerta internacional. Tanques de guerra, alambradas y 150 soldados rodean instituciones clave, mientras organizaciones y ciudadanos denuncian un intento de amedrentar la participación democrática.
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De igual modo puede verse tanquetas y decenas de militares deambulando en torno al «Centro de mando» habilitado por el CNE en el Hotel Hilton Colón, en el centro de Quito. Según reportan desde el sitio existe presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Este operativo, justificado por el Gobierno ecuatoriano como una «medida de seguridad» es desplegado, según reportan efectivos de seguridad que pidieron ser mantenidos en anonimato, en base al temor ante posibles protestas y coincide con un polémico estado de excepción decretado por 60 días, que suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y la libertad de reunión.
La medida, activada a menos de 24 horas de las elecciones presidenciales del 13 de abril de 2025, fue calificada por observadores internacionales y ciudadanos como un golpe a las libertades civiles en pleno proceso democrático.
Nuestra corresponsal de teleSUR Paola Dragnic nos muestra cómo evoluciona la jornada electoral en Ecuador. https://t.co/Bb0SSusFSz
— teleSUR TV (@teleSURtv) April 13, 2025
«Es la primera vez en mi vida que veo tanques de guerra y este nivel de cerco militar en el CNE», relató la corresponsal de teleSUR Elena Rodríguez desde Quito. Los reportes confirman la presencia de al menos 150 efectivos armados en los alrededores de la institución electoral, junto con vallas metálicas y controles rigurosos. Un militar, quien habló bajo condición de anonimato con la periodista Paola Dragnic, admitió que el operativo «no es habitual» y sugirió que busca disuadir manifestaciones: «Aquí puede venir gente a protestar».
El despliegue incluye provincias clave como Guayas, Manabí y Pichincha, zonas históricamente sensibles a la conflictividad social. El decreto 599 —que habilita allanamientos sin orden judicial y vigilancia de comunicaciones— es justificado en “protejer el orden público” a pesar de que no se registraron antecedentes de violencia vínculados al proceso electoral en curso.
¿Protección o represión electoral?
El presidente Daniel Noboa insiste en que el estado de excepción no limita el derecho al voto ni las manifestaciones pacíficas. No obstante, organizaciones como el Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina han alertado sobre el clima de intimidación. «El voto es un derecho constitucional. Militarizar las urnas envía un mensaje de control, no de protección», declaró Fausto Liz, experto en procesos electorales.
En redes sociales, el rechazo crece. Ciudadanos como Luis Eduardo Franco acusan a Noboa de «entorpecer la jornada electoral» y exigen vigilancia ante posibles fraudes. Las críticas se centran en el timing del decreto: ¿Por qué suspender derechos justo antes de una elección definitoria? Para analistas, la respuesta apunta a un escenario de alta polarización, donde el gobierno busca consolidar control ante un posible triunfo opositor.
El estado de excepción permite a las Fuerzas Armadas:
1. Ingresar a domicilios sin orden judicial.
2. Interceptar correspondencia física y digital.
3. Disolver reuniones públicas bajo criterios ambiguos («posibles amenazas al orden»).
Aunque el gobierno asegura que estas facultades solo se aplicarán contra «grupos criminales», la redacción vaga del decreto abre la puerta a abusos. «¿Qué impide que usen estas herramientas para vigilar a opositores políticos o periodistas?», cuestiona un editorial de Radio Pichincha. La falta de transparencia en los operativos —sumada a la histórica desconfianza en las instituciones— alimenta el temor a una escalada represiva.
La comunidad internacional sigue de cerca el proceso. Relatores de la ONU ya han advertido que los estados de excepción deben ser «proporcionales y temporales». Para Ecuador, un país que en años recientes ha enfrentado crisis políticas y narcoviolencia, este episodio marca un peligroso precedente: la militarización como herramienta de gestión electoral.
Autor: teleSUR - NH
Fuente: teleSUR - Radio Pichincha
