El migrante cubano Pedro Lorenzo Concepción, de 44 años de edad, esta bajo custodia en los pantanos de la Florida, en el sureste de Estados Unidos (EE.UU.), en el centro de detención improvisado conocido como «Alligator Alcatraz», donde inició hace 10 días una huelga de hambre.

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Pedro comparte celda con otros 31 migrantes. La debilidad le impide abrir por sí mismo el pomo de agua; sus compañeros lo ayudan a levantarse, lo sostienen cuando se desploma. Hace cuatro días fue hospitalizado, esposado a una cama del Hospital de Kendall.  

Su esposa, Daimarys Hernández, sólo supo de su ingreso por una llamada de la pareja de otro detenido. A pesar de haber contactado todos los hospitales de Miami, ninguno admitía haberlo recibido. El silencio institucional es tan profundo como la incertidumbre que lo envuelve. 

A federal judge on Wednesday allowed the #Miccosukee Tribe to join a lawsuit filed by environmental groups challenging an immigrant-detention center in the #Everglades, dubbed "Alligator Alcatraz." https://t.co/kn8bSOb0NO

— ASecondChanceAround ???? (@iTALKMAKEUP) August 1, 2025

«¿Saben por qué yo no puedo tomar ni un jugo, aunque nadie me vea?”, preguntó Pedro a los doctores. “Porque tengo que respetarme a mí mismo y a todas las personas que están conmigo”. Firmó un documento negándose a recibir tratamiento médico o alimentarse. Su lucha, dice, no es sólo suya: “Estoy peleando por mi familia y por todos los cubanos”. 

Un mes antes de su arresto, Pedro se mostraba tenso. La ofensiva antimigrante del gobierno estatal, respaldada por el gobernador Ron DeSantis y alineada con las políticas emanadas por la Administración de Donald Trump, ha generado un clima de miedo entre comunidades migrantes. En lo que va de año, más de 10.000 migrantes han sido arrestados en Florida, muchos de ellos cubanos. 

El pasado 8 de julio, Pedro acudió junto a su esposa a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar. Su residencia permanente fue retirada hace años, tras haber sido condenado por cuidar una casa con cultivos de marihuana y, más tarde, por conducir para personas involucradas en fraudes.

Esa mañana, Pedro no volvió a salir del edificio. Llamó a Daimarys desde dentro: “Mi amor, me quedo aquí. Te amo, cuídate mucho”. Su esposa recuerda el instante como el colapso de toda su vida. 

Pedro y Daimarys se conocen desde 2006. Tienen dos hijos. La separación forzada ha sido devastadora. “Han sido 19 años de estar juntos”, dice ella. En su trabajo de manicurista, debe ocultar las lágrimas cuando habla con clientes. Su hijo pequeño preguntó al teléfono: “Papá, ¿por qué tú no comes?” Pedro no pudo contestar. Le pasó el teléfono a su esposa sin decir palabra. 

Los días pasan sin respuestas. El ICE no ofrece claridad sobre el futuro de los detenidos. Pedro afirma que podrían deportarlo, quitarle su trabajo, desintegrar su familia. Pero si algo aún posee es su cuerpo, y con él resiste. 

En Alligator Alcatraz, los reclusos viven en condiciones deplorables. No tienen privacidad. Se les permite bañarse solo tres veces por semana. Duermen con luces encendidas permanentemente. El virus del SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, se esparce sin control. Hace pocos días, los inodoros se desbordaron cubriendo de heces una celda; los oficiales sólo esperaron a que el excremento secara para devolver a los detenidos al mismo lugar.

Ubicado en una antigua pista de aterrizaje al oeste de Miami, el centro fue construido en solo ocho días con tráileres y carpas. El Estado lo promueve como un “centro de procesamiento rápido”, con capacidad para 5.000 camas y un costo de 245 dólares diarios por cada una. Ha sido criticado por violaciones ambientales y por ser levantado en tierras que la tribu Miccosukee considera sagradas. 

Ya se han deportado más de 100 personas desde allí. Pero para los que permanecen, como Pedro, el tiempo se diluye en el calor sofocante y la falta de justicia. 

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con legisladores estadounidenses y el embajador Ron Johnson, en un gesto diplomático que podría abrir espacios de diálogo. Sin embargo, para familias como la de Pedro, la esperanza llega tarde. 

“Si cometiste un error y pagaste por él, ¿por qué te sigue persiguiendo?”, se pregunta Daimarys. Su esposo, desde la celda, ha decidido no hablar con nadie más. Solo con ella. Le pide que no lo obligue a comer. Porque para él, ceder significaría claudicar ante un sistema que lo ha despojado de todo.

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