La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo al impuesto que Estados Unidos pretende aplicar a las remesas enviadas por migrantes, a pesar de que el Congreso de ese país redujo la tasa propuesta del 5 % al 3.5 %.

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Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que sostuvo una séptima llamada telefónica con el presidente Donald Trump, en el marco de las negociaciones comerciales bilaterales. “Hay buena relación y buena comunicación”, señaló brevemente la Presidenta, quien indicó que seguirán las conversaciones, especialmente en torno al comercio y los aranceles, con énfasis en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio.

Como parte del diálogo, se acordaron puntos clave para una reunión de alto nivel en Washington, a la que asistirá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en representación de México. “Seguimos trabajando para evitar medidas que afecten tanto a nuestra economía como a la de otros países”, expresó la presidenta.

En este contexto, Sheinbaum valoró la reducción del impuesto a las remesas, pero subrayó que la postura de México sigue siendo de oposición total a este tipo de gravámenes. “No queremos que haya ningún impuesto. Vamos a seguir hablando con senadores republicanos y demócratas para explicar por qué no es una buena idea”, indicó.

La propuesta, incluida en el plan fiscal impulsado por Trump y aprobado por estrecho margen en la Cámara de Representantes, pasará ahora al Senado. Según Sheinbaum, el cobro de este impuesto contradice acuerdos bilaterales como el tratado contra la doble tributación firmado en 1994.

México es el segundo país del mundo que más remesas recibe, solo detrás de India. En 2024, alcanzó un récord de 64.745 millones de dólares, lo que representa casi el 4 % del Producto Interno Bruto nacional. “Este impuesto no solo afecta a México, sino también a otras naciones donde las remesas son esenciales para su economía”, puntualizó la presidenta.

Por ahora, el Gobierno mexicano continuará con sus gestiones diplomáticas y legislativas para frenar un impuesto que, de concretarse, podría impactar directamente a millones de familias que dependen del dinero enviado por migrantes desde Estados Unidos.

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