El método de los vuelos de la muerte actualizado por Trump y Bukele
La desaparición de personas fue utilizada por las dictaduras militares de los años 70, actualizada ahora entre el Gobierno de Trump coordinado con el Presidente Bukele.
Método actualizado del terror. Foto: EFE.
1 de agosto de 2025 Hora: 16:10
Durante la década de 1970, la dictadura militar argentina implementó una práctica de terrorismo estatal que funcionaba como una cadena de «producción industrial», una suerte de sistema «fordiano» del terror. Los militantes eran perseguidos por fuerzas policiales y militares que, actuando de civil, procedían al arresto ilegal sin orden judicial. Posteriormente, los secuestrados eran trasladados a Centros Clandestinos de Detención, recurso empleado sistemáticamente en todas las dictaduras del Cono Sur bajo la coordinación del Plan Cóndor.
El propósito era hacer «desaparecer» a la persona de su entorno social, imposibilitar su búsqueda y borrar todo rastro de su existencia. Ni familiares, compañeros de militancia o colegas de trabajo tenían noticia alguna de su paradero, mientras las autoridades colaboraban activamente con esta política de secuestro en lo que constituyó la orquestación del terrorismo de Estado.
Como destino final de esta maquinaria del terror, algunos detenidos fueron narcotizados y arrojados desde aviones al mar. Este método se fue «perfeccionando» progresivamente, los primeros prisioneros fueron lanzados vestidos, lo que en ocasiones alertó a autoridades que, aun siendo parte de la dictadura, preferían no recibir cuerpos de presos políticos en las costas de sus jurisdicciones. Esta práctica se conoció como «los vuelos de la muerte».
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Los militantes víctimas de estas prácticas terroristas, tanto argentinos como uruguayos, se cuentan entre las cinco mil personas que estuvieron alojadas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de Buenos Aires. Posiblemente, integren la lista de los 30.000 detenidos desaparecidos de Argentina o de los 200 de Uruguay.
Sin embargo, la práctica de la desaparición forzada se extendió por la mayor parte del continente latinoamericano como parte de un plan trazado, impulsado y supervisado por la CIA.
La práctica del horror
Los vuelos se realizaban entre una y dos veces por semana, principalmente durante 1976 y 1977. Grupos de entre 25 y 30 secuestrados eran conducidos a una sala apartada de la ESMA, donde se les inyectaba pentotal o ketalar para adormecerlos. Tras los primeros casos arrojados que estuvieron a punto de ser identificados, los operadores perfeccionaron su método: para no dejar rastros, desnudaban completamente a las víctimas antes del traslado.
Los cuerpos eran apilados en camiones y transportados al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Allí los cargaban en aviones del Ejército que, en pleno vuelo, los arrojaban al Río de la Plata inicialmente y, en vuelos posteriores, presuntamente al mar.
De esos vuelos que partían con secuestrados desde la ESMA —y se presume también desde otros centros clandestinos de detención— no existen sobrevivientes.
Los círculos de Dante
La humanidad asiste horrorizada a las políticas de exterminio que se despliegan en múltiples escenarios. A la campaña llevada adelante por Israel contra el pueblo palestino y la codicia imperialista que devasta varios pueblos africanos, se suman ahora la política de deportación masiva de migrantes impulsada por Donald Trump y el campo de concentración de la CECOT bajo el gobierno de Bukele. Estas estrategias convergen en un objetivo común: la eliminación sistemática de los diferentes, lo irreverente, lo incontrolable; la agresión deliberada contra una otredad que resulta ajena a los sectores dominantes de la sociedad y sus intereses.
La desaparición forzada vuelve a utilizarse como método de terror y disciplinamiento. Como si ser trasladado a la CECOT no fuera ya suficiente tormento, los agentes coercitivos del gobierno de Trump ejecutan secuestros de hombres, mujeres y niños. En muchos casos, tras los arrestos, no se sabe con certeza si las víctimas abordaron los aviones rumbo a El Salvador o si efectivamente llegaron a la CECOT.
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Al decir de Nicky Reid: «Desde su creación como parte del orwelliano Departamento de Seguridad Nacional de Bush tras el 11-S, el ICE se ha convertido en una asociación de 21.000 o más personas que han adoptado la identidad de un escuadrón de secuestradores militantes a sueldo, fuertemente armado y bien organizado».
La esperanza de que el régimen de Bukele llegue a su fin por la vía del voto popular enfrenta ahora un nuevo desafío, el Congreso unicameral de El Salvador, donde el oficialismo mantiene una amplia mayoría, aprobó este jueves la reelección presidencial indefinida con el propósito de garantizar la continuidad de Nayib Bukele en el poder.
«Este día ha muerto la democracia en El Salvador», manifestó la diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Arena, quien añadió: «Solo el pueblo salva al pueblo y, al final, la soberanía siempre reside en la gente, por más que gobernantes autoritarios o diputados serviles pongan todos los candados, cambien la Constitución y se apoderen de todas las instituciones… solo el pueblo salva al pueblo».
40 personas sin identificar
Los deportados por el gobierno de Donald Trump hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador han sido víctimas de un método característico de las dictaduras de los años setenta: la ocultación de la identidad de las personas detenidas.
Según informa el portal 404 Media, basándose en información obtenida de los manifiestos de vuelo, «tres deportaciones judicialmente controvertidas desde Texas hacia El Salvador contienen decenas de nombres que no aparecen en la lista previamente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de personas deportadas en esos vuelos». El mismo medio señala que «estos nombres adicionales nunca han sido reconocidos públicamente por el gobierno estadounidense», mientras que expertos en inmigración que siguen de cerca la campaña de deportaciones de Trump aseguran que no tienen idea de dónde pueden estar estas personas ni qué ha sido de ellas.
Michelle Brané, directora ejecutiva de Juntos y Libres —una organización que trabaja con familias de personas deportadas—, expresó al medio de prensa alternativa: «Tenemos esta lista de personas que el gobierno estadounidense no ha reconocido de ninguna manera oficial, y no tenemos forma de saber si están en la CECOT, en otro lugar, o si recibieron algún tipo de debido proceso. Es otra evidencia de que el gobierno estadounidense está desapareciendo gente. Estas personas fueron detenidas y nadie sabe dónde están, ni bajo qué circunstancias… En casi todos los casos, no hay registro alguno. No existen expedientes judiciales, nada».
La denuncia de Brané evoca inevitablemente las protestas de familiares de detenidos desaparecidos en los años setenta: «El gobierno de los Estados Unidos no ha revelado información alguna, pero supuestamente han sido enviados a una cárcel o algún lugar en un avión… y desde entonces no se ha sabido nada de ellos. No hemos tenido noticias de sus familias, y es posible que ni ellos lo sepan». Si efectivamente abordaron los vuelos, agrega Brané, «se desconoce dónde se encuentran actualmente». Esta incertidumbre se agrava por la negativa gubernamental de proporcionar información.
Mientras el paradero y las circunstancias de la mayoría de estas personas siguen siendo desconocidos, la organización de Brané ha utilizado datos de fuentes públicas para intentar averiguar sus identidades, logrando identificar ciertos detalles sobre personas específicas mencionadas en los manifiestos.
Algunas de las personas que aparecen en los manifiestos y no figuran en la lista de CBS News ya habían sido identificadas previamente porque sus familias iniciaron demandas judiciales o las buscaban activamente en redes sociales.
Desaparición forzada
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define este crimen como «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».
Este delito constituye también una forma de tortura psicológica. La desaparición del ser querido genera un sufrimiento permanente en las familias: incertidumbre que no cesa, impotencia ante la falta de respuestas, tristeza profunda, angustia constante y un doloroso sentimiento de abandono por parte del Estado. La desaparición forzada se configura como tortura por el malestar emocional, psicológico y espiritual que inflige a quienes han sido sometidos a este trato cruel, degradante e inhumano.
En junio de este año, expertos de la ONU advirtieron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que su gobierno estaba incurriendo en delitos de tortura y desaparición forzada.
Autor: Ricardo Pose
