Según los principales medios colombianos, la jueza Sandra Heredia condenó este viernes al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, tras un proceso judicial considerado histórico y que sacudió a la política de ese país.

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La confirmación oficial será dada a conocer a las 14H00 hora local.

De acuerdo con medios locales, Uribe Vélez fue condenado a pagar la suma de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por un tiempo de cien meses y 20 días.

Previamente, la Fiscalía General de la Nación había solicitado 9 años de privación de libertad, el pago de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos también por 9 años. Víctimas del acusado consideraron que la pena de prisión ha de ascender a 12 años.

Al fundamentar su petición, la Fiscalía manifestó que la legislación vigente establece pena entre seis y 12 años de prisión para delitos tan graves como los cometidos por el exmandatario colombiano.

El origen de este caso se remonta a 2012, cuando Uribe intentó enlodar al senador Iván Cepeda, al que acusó de haber prometido beneficios a testigos para que señalaran al exmandatario y su familia de estar vinculados a paramilitares. La Corte Suprema de Justicia archivó aquella denuncia y determinó que Uribe había levantado falso testimonio contra Cepeda.

El fallo de culpabilidad contra Uribe es histórico. Se trata de la primera vez que un expresidente colombiano enfrenta una condena penal, a lo cual se suma que durante su gestión hubo recurrentes cuestionamientos por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, además de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia documenta 6.402 «falsos positivos», campesinos o indígenas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército Nacional. A menudo eran trasladados bajo engaño o coacción a zonas de conflicto armado, los asesinaban, les «sembraban» armas a la escena y luego los presentaban como presuntos guerrilleros que murieron en combate.

La mayoría de estas más de 6.400 víctimas se ubican durante el periodo en que Uribe fue presidente y una cuarta parte de los asesinatos ocurrió en el departamento de Antioquia, del cual fue gobernador.

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Las investigaciones de la JEP revelaron que dentro de las FF.AA. se aplicó una política de incentivos -con ascensos, vacaciones y otros premios- para efectivos y oficiales que presentaran la mayor cantidad de «bajas en combate». Esta postura devino política institucional, ampliamente conocida e impulsada por altos mandos.

Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Ever Veloza declararon bajo juramento sobre corredores, pactos locales, protección territorial y coordinación con autoridades para consolidar el control paramilitar en regiones como Antioquia, Córdoba y la Costa Caribe. Incluso, mencionaron directamente a Uribe en el contexto de relaciones político-territoriales para mantener el dominio armado de zonas y estimular las economías ilícitas del narcotráfico.

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