La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) condenó este domingo la decisión de las autoridades marroquíes de impedir que miembros de la Marcha por la Libertad completaran su recorrido hacia la prisión de Kenitra y exigieran la libertad de los presos políticos saharauis.

Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik del Sahara Occidental se encuentran en el referido centro penitenciario, frente al cual planeaban desplegarse los activistas de la Marcha por la Libertad.

Sin embargo, tras su llegada en ferry a Tánger, el régimen marroquí prohibió su desembarco y los expulsó, denunció la activista francesa Claude Mangin-Asfari.

La ONG saharaui condenó el continuo e impune recurso del Estado ocupante marroquí de expulsar e impedir a los observadores internacionales visitar las Zonas Ocupadas de la República Saharaui.

También denunció que la política represiva contra cualquier ciudadano saharaui que demanda libertad, dignidad y autodeterminación sigue vigente. La expulsión de esta delegación internacional, que incluía a cargos electos franceses y españoles, se suma a un patrón documentado de obstrucción contra periodistas, abogados y observadores.

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CONASADH expresó su solidaridad con los miembros de la delegación internacional y con todos los presos políticos saharauis. Además, condenó el «ominoso silencio» de la Comisión de la Unión Europea y del Gobierno español, a los que considera cómplices de la ocupación al abandonar sus responsabilidades legales e históricas con el pueblo saharaui.

La Marcha por la Libertad de los Presos Políticos Saharauis buscaba visibilizar la grave situación de estos detenidos, condenados por tribunales militares marroquíes por su activismo pacífico.

La ONU reconoció al grupo Gdeim Izik como víctimas de detención arbitraria, y el Comité contra la Tortura de la ONU condenó a Marruecos en 2023 por torturas infligidas a Naâma Asfari, esposo de la líder de la marcha.

Ante esta situación, la ONG saharaui instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para que se respeten los derechos humanos en las Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental.

Exigió la creación de un mecanismo de la ONU para supervisar e informar sobre la situación de los derechos humanos en la región, la apertura de estas zonas a parlamentarios, observadores, organizaciones internacionales y medios de comunicación, el levantamiento del «bloqueo militar, de seguridad y mediático», y la retirada del muro de separación.

Por último, se pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores de los derechos humanos y presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, y la revelación del paradero de todos los desaparecidos.

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