El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín detuvo temporalmente este jueves la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional en Argentina, una medida dispuesta por el Gobierno de Javier Milei.

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La decisión, que responde a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), impide que el Estado avance con el cierre del organismo hasta que un juez se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto presidencial.

El tribunal aceptó el recurso de amparo de Sevina, argumentando que Vialidad Nacional, al ser un ente autárquico creado por decreto ley, no podría ser disuelto de manera unilateral. Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, enfatizó que esta medida significa que “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”.

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Mcnamara sostuvo que la Ley Bases, en la que el Gobierno se apoyó para justificar el cierre, no tiene efecto sobre Vialidad Nacional debido a su naturaleza legal específica, calificando la acción del Gobierno como inconstitucional.

Esta determinación judicial asegura que la entidad encargada de la planificación y ejecución de obras viales en Argentina continuará operando hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la legalidad de su cierre, orquestado por el Ministerio de Desregulación que lidera Federico Sturzenegger.

El sindicato, que anteriormente se movilizó en contra del cierre del organismo que cuenta con 93 años de trayectoria, celebra la decisión de mantener la infraestructura vial del país.

Aunque la presentación de Sevina fue clave, otros gremios, como el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), también habían interpuesto acciones legales contra la disolución de Vialidad Nacional y otros organismos.

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