Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron que estas operaciones buscan limitar la vida de los palestinos, restringiendo su movilidad y acceso a servicios básicos. En Jerusalén ocupada, la demolición de viviendas bajo el argumento de falta de permisos de construcción se convirtió en una política sistemática, ampliamente condenada por organismos internacionales.

Estas demoliciones, consideradas una forma de castigo colectivo, buscan alterar la demografía de la ciudad y expulsar a sus habitantes originarios. Un caso emblemático fue la demolición de una vivienda familiar en el campamento de Shuafat, donde los residentes fueron obligados a evacuar abruptamente, apenas logrando rescatar algunas pertenencias.

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Simultáneamente, se registró un aumento en las órdenes de demolición y en las restricciones a la movilidad en Jerusalén Este, afectando la vida cotidiana y la economía local. Comerciantes han denunciado el cierre arbitrario de negocios sin justificación legal clara. En el desierto del Néguev, al sur de Palestina, las autoridades israelíes demolieron unas 16 viviendas en la aldea de al-Sirr, donde la mayoría de las comunidades palestinas carecen de servicios básicos debido a políticas de marginación y desplazamiento forzado.

En Cisjordania, las redadas nocturnas han resultado en la detención de decenas de personas, incluidos menores y ex prisioneros, en ciudades como Yenín, Nablus, Tubas y Belén. Las fuerzas israelíes aplican el derecho militar a la población palestina, negándoles garantías básicas debido proceso y recurriendo a la detención administrativa sin cargos ni juicio. Miles de palestinos han sido desplazados de sus hogares por demoliciones y ataques, y la violencia de colonos armados, respaldados por el Estado, ha incrementado la inseguridad y el desplazamiento forzado.

Estas acciones se dan en el contexto de una escalada de violencia generalizada en los territorios ocupados, marcada por la continuación de la guerra genocida de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza y un patrón sostenido de violaciones a los derechos humanos.

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