El Parlamento iraní sancionó una legislación que prohíbe categóricamente el uso del internet satelital Starlink en territorio nacional, estableciendo penas de prisión de hasta diez años para quienes comercialicen o utilicen el servicio propiedad de Elon Musk. La medida legislativa responde directamente a la confirmada instrumentalización del sistema durante los recientes bombardeos israelíes contra infraestructura iraní.

La nueva normativa establece castigos para ciudadanos que importen, compren, vendan o utilicen dispositivos de comunicación satelital sin autorización gubernamental. Las penas oscilan entre seis meses y dos años de prisión para usuarios individuales, mientras que la distribución masiva de más de diez dispositivos o su uso para «oponerse al sistema de comunicación nacional» conllevará entre cinco y diez años de cárcel.

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El contexto de esta prohibición comprende la dimensión geopolítica del conflicto. Durante los bombardeos israelíes del 13 de junio contra territorio iraní, los sistemas Starlink fueron utilizados estratégicamente para provocar fallas deliberadas en la red de internet nacional durante los ataques militares.

La confirmación llegó del propio Musk, quien publicó en X el mensaje «Los haces están encendidos» apenas 24 horas después del inicio de la ofensiva israelí. Esta activación simultánea al apagón impuesto por Teherán durante la crisis evidencia la coordinación entre corporaciones tecnológicas occidentales y las operaciones militares contra Irán.

El magnate sudafricano ha transformado progresivamente su infraestructura satelital en una herramienta de intervención geopolítica. Los antecedentes en Ucrania demuestran cómo Starlink puede ser activado o desactivado según convenga a los intereses estadounidenses, convirtiendo el acceso a internet en un arma de guerra selectiva.

Soberanía digital iraní

La decisión iraní trasciende la mera regulación de telecomunicaciones para posicionarse como una defensa de la soberanía digital nacional. El aumento documentado de dispositivos Starlink ingresados ilegalmente a través del mercado negro iraní evidencia una estrategia sistemática de penetración tecnológica occidental.

Esta vulnerabilidad tecnológica se ha materializado en un contexto de intensificación de actividades de espionaje. Durante las últimas semanas, las autoridades iraníes han detenido más de 700 personas acusadas de espiar para Israel y Estados Unidos, según informes de medios estatales que también documentan al menos seis ejecuciones.

Entre los ejecutados figuran ciudadanos acusados de colaborar con el Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí. Las fuerzas de seguridad desmantelaron múltiples células de vigilancia que utilizaban drones y detuvieron a 53 personas por filmar instalaciones sensibles, compartiendo las imágenes con medios extranjeros.

La legislación iraní amplía significativamente los poderes estatales sobre actividades digitales vinculadas al extranjero. La normativa define la «cooperación operativa» con Estados Unidos e Israel como «corrupción en la tierra», delito capital, según el código penal iraní, que incluye ciberataques, uso de drones para sabotaje y aceptación de fondos de inteligencia extranjera.

Precedente para la resistencia tecnológica

La posición iraní establece un precedente importante para naciones que enfrentan presiones similares de monopolios tecnológicos occidentales. La experiencia demuestra como empresas aparentemente privadas como SpaceX pueden convertirse en instrumentos de política exterior estadounidense.

Los conflictos en Ucrania y Gaza evidencian previamente esta realidad. Musk ha ejercido control unilateral sobre comunicaciones en zonas de guerra, decidiendo arbitrariamente dónde y cuándo sus servicios operan según criterios militares y no comerciales.

La medida iraní anticipa además las implicaciones de permitir que infraestructuras críticas de comunicación dependan de corporaciones extranjeras hostiles. Durante crisis militares, estos servicios pueden transformarse instantáneamente en vectores de vulnerabilidad nacional.

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