El Gobierno de la República Islámica de Irán denunció este viernes las “conductas y expresiones intervencionistas” de Estados Unidos (EE.UU.) en los asuntos internos de países soberanos, en particular Venezuela, tras la amenaza de recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro.

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Al calificarla como una violación sin precedentes de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, Irán declaró que “ningún país responsable puede permanecer indiferente ante esta peligrosa tendencia”.

“Las conductas y expresiones intervencionistas de los Estados Unidos en los asuntos internos de países soberanos, entre ellos Venezuela, socavan de manera sin precedentes los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, señala el comunicado.

De igual manera, advirtió Teherán que estas acciones ponen en riesgo los fundamentos normativos y éticos de la ONU.

En el texto, Irán acusó a EE.UU. de “amenazar al presidente legítimo” de Venezuela, así como de emitir “acusaciones infundadas”, lo que consideró una muestra del “unilateralismo agresivo” y los “métodos coercitivos” de la política exterior estadounidense.

“La ofensiva acción de EE. UU. al amenazar al presidente legítimo de un país independiente y miembro de la Organización de las Naciones Unidas, y al emitir acusaciones infundadas contra él, constituye una clara manifestación de la creciente adicción de los encargados de la política estadounidense a un unilateralismo agresivo y a métodos coercitivos para avanzar objetivos ilegítimos en la política exterior”, resaltó el Gobierno iraní.

Además, reiteró su solidaridad con el Gobierno y el pueblo venezolano y condenó enérgicamente las medidas de Washington y de apoyo a aliados como la República Bolivariana de Venezuela.

Este pronunciamiento se da en un contexto de intervención de la Casa Blanca en los asuntos internos de naciones latinoamericanas y de imposición de bloqueos y sanciones económicas.

En este sentido, el Gobierno de Venezuela denunció la recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La medida fue considerada como una “operación propagandística” y “desesperada distracción” de los problemas internos de Estados Unidos (EE.UU.).

El repudio tiene lugar luego de que la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, justificara la acción acusando al presidente de Venezuela de supuestos vínculos con el narcotráfico y alianzas con carteles criminales.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, desestimó las acusaciones como un “show mediático” destinado a complacer a sectores extremistas.

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