Un artículo del medio investigativo, Misión Verdad, basado en el trabajo publicado el 25 de julio de 2025 en The Lancet Global Health, revela que: las sanciones económicas impuestas unilateralmente por potencias como Estados Unidos y la Unión Europea tienen un impacto letal que supera incluso el de conflictos armados.

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La investigación estima que se producen más de 560 000 muertes adicionales cada año debido a este tipo de medidas, y el impacto es mayor en poblaciones de niños menores de cinco años y adultos mayores, según datos de 152 países recopilados entre 1971 y 2021.

Dirigido por los economistas Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot, el estudio utilizó métodos como efectos fijos, pruebas de causalidad de Granger y variables instrumentales basadas en votaciones de la ONU para confirmar que las medidas cohericitivas unilaterales, especialmente las de EE. UU., disparan la mortalidad infantil hasta en un 8,4 % y elevan la mortalidad en adultos mayores en 2,4 puntos.

Además, los autores subrayan que el riesgo aumenta mientras más prolongada sea la sanción: después de siete años, la mortalidad infantil se incrementa hasta en un 10 %.

Fuentes como Bloomberg y Business Standard calificaron el hallazgo como una equivalencia con los efectos mortales de las guerras. Resaltan además que las sanciones unilaterales afectan más que las respaldadas por la ONU, que no muestran impacto estadísticamente relevante en la mortalidad

En el caso de Venezuela, desde 2017 las sanciones contribuyeron en una contracción económica del 71 % y a la escasez de tratamientos médicos vitales, lo que ha sido asociado con muertes evitables; en Irak, el embargo tras la guerra de los 90 se vinculó con la muerte de cientos de miles de niños menores de cinco años; y en Siria, bajo sucesivas medidas desde 2011 y la Ley César de 2020, el 90 % de la población vive en pobreza extrema y enfrenta un colapso sanitario que multiplica los fallecimientos evitable.

El estudio denuncia que este tipo de medidas funcionan como un castigo colectivo camuflado y silencioso: no requieren aprobación legislativa, no exponen soldados en el terreno y escapan a la cobertura mediática que muestra víctimas visibles. En su lugar, privan de insumos básicos como medicamentos, alimentos y agua potable, acelerando el deterioro de servicios esenciales y la crisis sanitaria en silencio.

Además, otros estudios recientes documentaron efectos similares de las sanciones sobre la salud pública: un análisis de Stanford reveló que restricciones al financiamiento externo redujeron en casi 64 % el progreso en mortalidad materna y en un 29 % el avance contra la mortalidad infantil en países empobrecidos entre 1990 y 2019.

Mientras tanto, otros análisis indican que en Irán las sanciones agro-financieras y de salud dificultaron tratamientos para enfermedades crónicas, provocando algunas muertes evitables, especialmente entre niños gravemente enfermos.

La evidencia convoca a un urgente replanteamiento ético de estas políticas. Si el derecho humanitario prohíbe el castigo colectivo de civiles, y las sanciones unilaterales producen cientos de miles de muertes cada año, «¿cómo legitimarlas como alternativa no violenta?», pregunta el artículo.

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