Barcelona enfrenta una emergencia social sin precedentes con 1.982 personas pernoctando en sus calles, una cifra récord que representa un aumento del 43% respecto a 2023. La Fundación Arrels informó que durante 2025 acompañó a 3.337 personas, evidenciando una maquinaria de exclusión que no se detiene.

A esto se suma la saturación de los servicios públicos que no crecen al ritmo de la necesidad, dejando a miles de ciudadanos en la desprotección total frente a las peligrosas bajas temperaturas del invierno actual. El eje migratorio agrava la vulnerabilidad, enfrentando a las personas a lo que activistas denominan racismo inmobiliario y a las barreras legales para regularizar su situación.

LEA TAMBIÉN:

Españoles protestan contra el desalojo de Massana, centro en que se atendían personas vulnerables en Barcelona

William, un migrante de Ghana que vivió años en plazas como Cataluña, relata cómo la situación empeoró drásticamente, con constantes desalojos que dispersan a las comunidades de apoyo. Sin papeles, el acceso a contratos de alquiler es inexistente, condenando a quienes buscan un futuro en Europa a un ciclo de marginalidad.

Beatriz, vocera de Arrels, destaca que incluso quienes perciben el salario mínimo se ven forzados a elegir entre comer o mantener el alojamiento, una crisis estructural que los recursos actuales no logran mitigar. Ante este escenario, diversas organizaciones sociales y activistas exigen soluciones de fondo que vayan más allá de los albergues temporales y ataquen las causas raíz: el acceso universal a la vivienda y la reforma de un mercado laboral que explota sin garantizar la vida.

LEA TAMBIEN:

Denuncian especulación y altos precios de alquileres en Barcelona, España

Las personas sin hogar son las que mayores riesgos corren de morir por hipotermia, lo que convierte la falta de acción política en una amenaza letal. La capital catalana se convierten en el reflejo de una Europa que prioriza la rentabilidad inmobiliaria sobre los derechos humanos, obligando a los movimientos sociales a extremar esfuerzos para evitar que la cifra de fallecidos en las calles siga aumentando bajo la mirada indiferente de las instituciones.

El pueblo de Barcelona denunció a principios de 2025 de igual manera la asfixiante crisis habitacional provocada por un modelo de negocio inmobiliario que prioriza el lucro de los casatenientes sobre el derecho a una vivienda digna. Ciudadanos entrevistados por teleSUR señalaron que los precios batieron récords históricos, situándose totalmente desfasados respecto a los salarios medios, lo que genera un clima de incertidumbre especialmente entre la juventud.

El Sindicato de Inquilinos responsabilizó a la especulación y alertó sobre el fraude de los contratos temporales de 11 meses, utilizados por los propietarios para saltarse las regulaciones estatales y facilitar el desalojo de las familias para favorecer al turismo o a grandes inversores internacionales.

Ante la insuficiencia de las medidas del Gobierno español, que según los movimientos sociales solo garantizan los beneficios de los propietarios, las organizaciones civiles exigían una rebaja inmediata del 50 por ciento en las rentas y la prohibición de las ventas especulativas.

Durante el año 2024, también hubo masivas protestas respaldadas por gremios como CC.OO. y UGT tomaron las calles de Madrid y Barcelona para denunciar que, mientras existen 3.8 millones de casas vacías, los trabajadores deben destinar la mayor parte de sus ingresos a alquileres que alcanzan los 1.800 euros mensuales. Los activistas advirtieron con convocar una huelga general de alquileres si no se establecen contratos indefinidos que pongan fin al chantaje y al miedo de los inquilinos a ser arrojados a la calle.

EN ESTA NOTA: