El Ministerio Público de Honduras presentó requerimientos fiscales contra 45 exfuncionarios públicos y empresarios vinculados a un esquema de corrupción en la Secretaría de Salud que provocó un perjuicio al Estado superior a 77.9 millones de lempiras (unos 3.1 millones de dólares) entre los años 2009 y 2014, durante los gobiernos de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa.

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Según las investigaciones, 208 compras irregulares de medicamentos e insumos médicos fueron registradas como entregadas a hospitales regionales y departamentales, aunque nunca ingresaron a sus bodegas.

Las adquisiciones fraudulentas se realizaron a través de procesos amañados y, en varios casos, mediante empresas de maletín -sin transferencias bancarias, evitando dejar evidencias-, en complicidad con funcionarios del área administrativa y legal de la Secretaría de Salud.

Entre los hospitales públicos perjudicados figuran los de San Lorenzo, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Puerto Lempira, Santa Bárbara, Olanchito, La Ceiba, Trujillo, Roatán, El Progreso y Gracias (Lempira). Se identificó un patrón reiterado: los medicamentos eran facturados como entregados, pero nunca ingresaban al sistema hospitalario, lo que sugiere una estrategia deliberada de desfalco.

El Ministerio Público reveló indicios de colusión entre representantes de empresas distribuidoras y altos funcionarios, incluyendo un posible conflicto de intereses directo de una exjefa del departamento legal de la Secretaría de Salud, que habría favorecido procesos de contratación fraudulentos.

Analistas anticorrupción consultados sostienen que este caso refleja una estructura profundamente arraigada de corrupción institucional, alimentada durante el periodo posterior al golpe de Estado de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya. “No solo se quebró el orden democrático, también se abrieron las puertas a una red de saqueo sistemático del erario, especialmente en sectores críticos como la salud”, señalaron.

Este nuevo escándalo se suma al ya infame caso del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el que se documentó la pérdida de más de 7.000 millones de lempiras (cerca de 269 millones de dólares) y cuyas secuelas aún permanecen impunes en buena parte.

Desde el Ministerio Público se reiteró que corresponderá a un juez determinar la responsabilidad penal de los imputados y dictar las eventuales sanciones. Además, se ha solicitado que los acusados resarzan el daño económico causado al Estado hondureño, y por extensión, al pueblo.

“El objetivo es no solo castigar a los responsables, sino desmantelar estas redes de corrupción y avanzar hacia un sistema público más transparente y eficiente”, afirmaron fuentes oficiales del ente acusador.

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