El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó los privilegios que ostentan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de ese organismo, quienes a su decir actúan «al margen de los principios» de la Carta fundacional, minando el multilateralismo en un momento de crisis global y de creciente desconfianza.

Guterres extendió su llamado, recordando que, aunque el Consejo de Seguridad es una «necesidad vital», su «legitimidad es frágil» debido al comportamiento de sus miembros permanentes. Denunció que estos actores han actuado «al margen de los principios de la Carta, principios que todos hemos acordado libremente como naciones soberanas».

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La exigencia de Guterres por una reforma «imperativa» y «largamente esperada» llega en un momento de fuerte cuestionamiento a su propia gestión, percibida en muchos casos como inoperativa ante conflictos globales. Sin embargo, su propuesta responde a la necesidad estructural de un órgano más representativo, lo cual no debe tomarse a la ligera, independientemente de la crítica a su liderazgo.

El secretario general argumentó que cuando los miembros del Consejo actúan al margen de la Carta, no solo se paraliza la acción inmediata, sino que se «erosiona la confianza en todo el proyecto de las Naciones Unidas». Advirtió que la historia demuestra con «brutal claridad» que este camino de violación de normas pone en peligro el orden y la seguridad mundiales.

El eje central de la reforma es la ampliación de la membresía para reflejar la realidad multipolar. Guterres destacó la escasa representación de vastas regiones: África, América Latina y el Caribe, así como la región de Asia y el Pacífico, donde habita más de la mitad de la humanidad, lo que demuestra una composición desequilibrada e injusta.

Guterres afirmó que «ampliar el número de miembros no solo se trata de justicia, sino también de resultados», pues tiene el potencial de «superar estancamientos y ofrecer estabilidad». No obstante, la propuesta enfrenta el obstáculo insalvable del poder de veto de los cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y EE. UU.), que hasta ahora han bloqueado toda iniciativa de reforma.

En un contexto de crisis de financiación y de creciente desconfianza hacia el multilateralismo, la reforma del Consejo de Seguridad se presenta como una necesidad imperativa para revitalizar el papel de la ONU. Su implementación dependerá de la voluntad política de los Estados miembro para superar los intereses particulares que han bloqueado cualquier avance significativo en la construcción de un orden mundial más justo.

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