Los gremios que incluyen a la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (Anpe Perú), la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), y la Confederación de Campesinos del Perú (CCP), entre otros, insisten en que la iniciativa daña gravemente a la agricultura familiar y advierten sobre el riesgo de una «convulsión social de alta intensidad» si se aprueba en segunda votación.

Las organizaciones agrarias señalan que esta propuesta legislativa, a la que algunos denominan «Ley Chlimper 2.0», facilita el acceso del sector agroexportador al mercado de compras estatales destinado a la agricultura familiar, y desvía programas de financiamiento no reembolsables (como Agroideas, Agro Rural y Agromercado) que originalmente estaban diseñados para pequeñas y medianas empresas (MYPE) y pequeños agricultores.

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Argumentan que esto perpetúa la inequidad con incentivos fiscales desproporcionados y vulnera la sostenibilidad de miles de productores familiares, relegándolos a ser simples proveedores en un modelo de asociatividad «desigual y desregulado». Uno de los puntos más críticos para los gremios es el grave impacto fiscal que la ley podría generar.

Destacan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Fiscal han desestimado públicamente el dictamen, advirtiendo pérdidas anuales de hasta 1.850 millones de soles al reducir la tasa del Impuesto a la Renta (IR) para grandes agroexportadoras y debilitar los aportes a EsSalud. Se estima que, en total, los incentivos fiscales desproporcionados, sin metas claras ni compromisos verificables, podrían resultar en pérdidas de hasta 20.000 millones de soles, favoreciendo desproporcionadamente a los diez mayores grupos agroexportadores que concentran más del 60% del valor exportado, mientras se excluye a la agricultura familiar de beneficios efectivos.

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Además del perjuicio fiscal, los gremios agrarios y rurales critican que la nueva ley debilita el trabajo fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el sector agroindustrial, lo cual representa un retroceso frente a la reforma lograda en 2020 tras movilizaciones nacionales. Miguel Quijandría, dirigente de Fentagro, señaló que la ley «precariza» a los trabajadores y que es «imperdonable que restrinjan funciones fiscalizadoras a la Sunafil», destacando la informalidad y la falta de respeto a los derechos laborales en muchas empresas.

Ante este panorama, las organizaciones han exhortado al Pleno del Congreso a rechazar el dictamen en la segunda votación y detener su avance inmediato. Insisten en que «apostar por el desarrollo del agro no puede hacerse a costa de desfinanciar el Estado ni volver a modelos de subsidios ocultos para grandes empresas». Exigen una revisión técnica y participativa de la propuesta, que involucre a todos los actores del agro, y el diseño de una política agraria integral que promueva la inversión, equidad y sostenibilidad de la pequeña agricultura, respetando las recomendaciones de organismos técnicos.

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Advierten que de insistir en la aprobación, se agravará la crisis de gobernabilidad del país, dada la representación del 97% de la estructura agraria por los millones de pequeños productores de la agricultura familiar. A pesar de estas advertencias, el Ejecutivo, gremios empresariales y algunas bancadas en el Congreso, incluyendo el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, defienden la ley como promotora de inversiones y empleo formal, esperando un aumento en la recaudación a largo plazo.

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