El Gobierno panameño mantiene desde el pasado 28 de abril un operativo de represión sistemática contra la provincia de Bocas del Toro, implementando un cerco policial que impide el ingreso de comida, gas licuado y medicinas.

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De acuerdo con Diojenio Espinosa, miembro de Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en Bocas del Toro, la Policía Nacional mantiene más de 30 cierres en toda la provincia con el fin de asfixia deliberadamente a la población como táctica para detener las protestas legítimas contra políticas gubernamentales.

Una docente que vive en la provincia del norte de Panamá y que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a la represión, comentó a teleSUR la situación: «una profesora que necesitaba ir a Chiriqui para realizarse unos examenes debido a que en Changuinola donde ella vive, no hay reactivos y le dijeron que no, porque la Policía volvio a cerrar. Nadie entra, nadie sale, pero eso allá es la misma Policía».

Las medidas del Gobierno panameño van en contra del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que en su Artículo 33 del IV Convenio de Ginebra prohíbe expresamente los castigos colectivos contra la población civil.

Dichas acciones afectan derechos fundamentales como la alimentación y la salud, las cuales se pueden calificar de persecución o tratos inhumanos, tipificados como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma (Art. 7) si se demuestra intencionalidad política contra grupos específicos.

Los habitantes de la región se sumaron masivamente a la huelga general, movilizados por tres demandas fundamentales: la derogación inmediata de la lesiva Ley 462 que afecta sus pensiones, el rechazo a la apertura de la mina de cobre en Donoso y la anulación del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.

En Bocas del Toro, los trabajadores bananeros agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (SITRAIBANA) – una organización combativa con alrededor de 7.000 afiliados – se uniron a la huelga general junto a docentes, padres de familia y la población en general.

Esta fuerte alianza obrero-popular demuestra el profundo descontento con las políticas antipopulares del Gobierno nacional y su sumisión a los intereses extranjeros.

En contubernio con el Gobierno, la transnacional Chiquita Brand procedió al despido masivo de 4.000 trabajadores, bajo el falso argumento de «ilegalidad» en la huelga que empezó el 28 de abril.

Espinosa aseguró que la medida represiva pretende amedrentar al movimiento sindical, pero se sustenta en argumentos jurídicos fraudulentos. Mientras Chiquita alega incumplimientos formales, el propio Gobierno tuvo que reconocer que la Ley 462 violaba los derechos adquiridos en la Ley 51, lo que desmorona automáticamente el pretendido carácter ilegal de las protestas y evidencia el carácter antisindical de estos despidos.

El Consejo de Ministros de Panamá aprobó este martes, mediante la Resolución 48, el estado de emergencia en Bocas del Toro que incluye la creación de una “supuesta ayuda humanitaria” de manos del Gobierno, luego de que ellos mismo crearan la crisis de desabastecimiento.

El integrante de SUNTRACS manifestó que “el estado de emergencia habla de inversiones económicas, entre ellas un apoyo de 10 millones de dólares a la empresa Chiquita, una inversión al comercio de dos millones de dólares y la entrega de ayuda humanitaria a la población”, todo con la clara intención de desestabilizar al movimiento y provocar divisiones.

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