El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció un ambicioso plan para derogar o reescribir más de 60 regulaciones laborales, consideradas “obsoletas” por el Ejecutivo.

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Las medidas propuestas afectarían sectores como la construcción, la minería, el entretenimiento, y a trabajadores migrantes, de la salud domiciliaria y con discapacidades.

La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, aseguró que el objetivo es aliviar la carga regulatoria sobre los empleadores y fomentar la productividad. “Estamos orgullosos de liderar el mayor recorte de regulaciones en el gobierno federal”, declaró.

Sin embargo, sindicatos y defensores de derechos laborales advierten que estos cambios pondrían en mayor riesgo a millones de trabajadores, especialmente a mujeres, migrantes y personas racializadas.

Principales cambios propuestos

Se eliminaría el derecho al salario mínimo y pago de horas extras para 3.7 millones de trabajadores de salud en el hogar, si no están protegidos por leyes estatales. El cambio revertiría una regulación de 2013, aprobada bajo la administración de Barack Obama.

Se anularían requisitos como el uso obligatorio de cinturones de seguridad en el transporte proporcionado por empleadores, y se eliminarían garantías contra represalias por denunciar abusos. Organizaciones como Farmworker Justice advierten que estas medidas dejarían a los migrantes aún más vulnerables.

Se derogaría la exigencia de iluminación adecuada en sitios de construcción, bajo el argumento de que no reduce riesgos significativamente. Expertos en seguridad señalan que la mala iluminación es causa frecuente de accidentes fatales.

Washington has this great propensity to make unnecessary regulations for job security and power. I hope hospitals and physician groups will take advantage of this unique opportunity to join with @CMS to cut unnecessary regulations. https://t.co/VR8qYn1FTg

— Congressman Greg Murphy, M.D. (@RepGregMurphy) July 16, 2025

Se limitaría la autoridad de los funcionarios regionales de seguridad minera para exigir mejoras en ventilación, prevención de derrumbes y programas de entrenamiento en minas de carbón. El gobierno considera que estas decisiones deberían pasar por el Congreso.

Una de las propuestas más polémicas limita el alcance de la agencia federal de seguridad ocupacional (OSHA) para sancionar a empleadores en actividades consideradas “inherentemente riesgosas”, como deportes extremos, shows con animales o espectáculos de entretenimiento. La medida excluiría de responsabilidad a empleadores de actores, atletas, bailarines y periodistas.

Mientras grupos empresariales y conservadores celebran la propuesta como un paso hacia la eficiencia y la reducción de costos, organizaciones laborales y de derechos humanos denuncian un retroceso histórico en la protección del trabajador.

“Ya mueren demasiadas personas en sus empleos. Esto solo empeorará el problema”, advirtió Rebecca Reindel, directora de seguridad laboral de la AFL-CIO.

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