El Gobierno de Javier Milei declaró su intención de impulsar una reforma migratoria en Argentina con medidas que discriminan a quienes no tiene residencia permanente y a aquellos que el Ejecutivo determinará como delincuentes.

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El vocero Manuel Adorni fue quien anunció la medida, en la cual cualquier migrante con condena judicial será deportado.

“Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, dijo.

La política excluyente del Gobierno refiere que “a partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago”.

Asimismo, insistió el Ejecutivo que “también se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”, aunque aún esta medida debe aprobarla el Congreso.

Sobre la modificación de la Ley de Ciudadanía y del Acuerdo de Libre Circulación del Mercosur, tras la declaratoria del Gobierno sobre establecer requisitos más severos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, también deberá ser sancionada por el Congreso.

Adorni también declaró que “hoy, entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del Partido de La Matanza o la provincia de Tucumán”.

De acuerdo a Tiempo Argentino, «ahora, el Gobierno libertario ensaya una nueva estrategia. La intención sería impulsar una reforma a la Ley 25.871 que supere los obstáculos legales del pasado, pero que mantenga el espíritu de restringir el acceso a derechos básicos para personas migrantes y refugiadas. El proyecto en preparación es regresivo, abiertamente contrario a la tradición latinoamericanista del «sueño de la Patria Grande» y busca desmontar aspectos claves del kirchnerismo en materia de inclusión migratoria».

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