El Gobierno argentino postergó el debate de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados hasta abril, citando fragilidad en los votos y riesgo de judicialización por vicios constitucionales. La medida responde a la presión de la oposición y a la obligación de garantizar participación ciudadana previa, ante el intento de habilitar la explotación minera en zonas protegidas.

La decisión se anunció en el plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, donde se fijaron dos jornadas de audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo. Esta postergación frena la rápida aprobación que el oficialismo buscaba en el Senado, con el objetivo de facilitar la explotación minera en áreas ecológicamente sensibles.

LEA TAMBIÉN

Senado argentino debate polémica ley de glaciares

Sectores de la oposición señalan que la dilación responde a la falta de apoyo legislativo y a la alta probabilidad de que la ley sea impugnada legalmente. Grandes empresas mineras, que recientemente impulsaron la «Argentina Week» en Nueva York para «desbloquear la frontera minera», han exigido una normativa clara para iniciar la extracción de minerales críticos sin impedimentos legales.

El Estado argentino también enfrenta la exigencia del Acuerdo de Escazú, que obliga a asegurar instancias de participación ciudadana informada antes de aprobar este tipo de legislaciones, un requisito que el oficialismo pretendía obviar. A pesar de las audiencias, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz aclaró que las opiniones de los participantes no serán vinculantes para el dictamen final, previsto para la semana del 8 de abril.

El escenario legislativo en la Cámara Baja muestra una división, con una leve ventaja para el oficialismo y un considerable grupo de legisladores aún indecisos. A nivel federal, el rechazo a la modificación de la ley se hizo patente en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde varias provincias se abstuvieron de respaldar una reforma que pone en peligro las vitales reservas de agua dulce de la nación.

Rechazo de organizaciones ambientalistas y oposición política

Varios senadores de bloques opositores cuestionaron la iniciativa por considerar que implica desproteger a los glaciares y presenta «vicios constitucionales».

En este sentido, la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que la modificación de la ley de 2010 “no es una cuestión técnica, sino que flexibiliza los estándares ambientales y es un retroceso”, marcando su rechazo a la reforma.

Las organizaciones ambientalistas advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que intereses privados se sobrepongan a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional.

Según el sector minero, una evaluación provincial caso por caso podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares «sin función hídrica relevante». El Ejecutivo alega que la reforma permitiría un desarrollo minero actualmente vedado por la ley vigente, corrigiendo «graves falencias interpretativas» y reduciendo la incertidumbre jurídica para facilitar inversiones.

EN ESTA NOTA: