La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ofreció este jueves disculpas públicas a los familiares de Josué e Ismael Arroyo Bustos (ambos de 15 años), Nehemías Arboleda Portocarrero (14) y Steven Medina Lajones (11), los cuatro menores del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, desaparecidos en diciembre de 2024 tras ser detenidos por militares y posteriormente asesinados.

La ceremonia se desarrolló en el Hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el Malecón Simón Bolívar, Guayaquil, donde el comandante general de la FAE, Mauricio Salazar Machuca, reconoció oficialmente la responsabilidad estatal en la desaparición forzada y muerte de los adolescentes afroecuatorianos.

El oficial de alta graduación leyó el pronunciamiento ordenado por la Corte Constitucional, en el que se admitió que patrullas militares privaron de la libertad a los menores durante la noche del 8 de diciembre de 2024 de manera ilegal, arbitraria y sin justificación.

Salazar reconoció fallas en la actuación estatal posterior a la desaparición, la cual calificó como insuficiente e inconsistente. También admitió que declaraciones emitidas anteriormente desde el Ministerio de Defensa contribuyeron a reforzar estigmas y prejuicios hacia las víctimas y sus familias, particularmente por su condición social y origen afrodescendiente.

Asimismo, aseguró que las disculpas públicas deben traducirse en cambios concretos y anunció la implementación de nuevos protocolos para la actuación militar frente a menores de edad, además de procesos permanentes de capacitación en DD.HH. para el personal de las Fuerzas Armadas.

El acto estuvo marcado por momentos de profunda carga emocional. Los familiares ingresaron acompañados por música tradicional afroecuatoriana interpretada como homenaje a los niños, mientras padres y madres compartieron testimonios atravesados por el dolor y las secuelas que dejó el crimen.

Durante la ceremonia también participaron representantes de organismos nacionales e internacionales de DD.HH. Ana Lorena Delgadillo, integrante del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, señaló que el caso constituye uno de los episodios más dolorosos registrados recientemente en la región y alertó sobre la discriminación estructural que enfrentan sectores vulnerables, particularmente la niñez afrodescendiente.

La experta sostuvo que la experiencia internacional demuestra que una mayor presencia militar en tareas de seguridad no necesariamente reduce la violencia, pero sí incrementa las violaciones a los DD.HH. Por ello, pidió fortalecer mecanismos de búsqueda inmediata y construir registros transparentes sobre desapariciones.

Por su parte, el defensor del Pueblo, César Palacios, afirmó que ninguna política de seguridad puede sostenerse sin respeto a la dignidad humana y advirtió que los abusos cometidos por integrantes de la fuerza pública terminan debilitando la legitimidad de las propias instituciones.

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Palacios añadió que la protección integral de niños y adolescentes requiere medidas estructurales que incluyan inversión social, acceso a educación y mayores oportunidades en territorios históricamente excluidos.

Aunque el evento comenzó en un ambiente solemne, la jornada terminó en medio de protestas cuando familiares de otras 51 personas desaparecidas desplegaron pancartas exigiendo avances en sus investigaciones. La situación derivó en momentos de tensión tras un altercado entre personal de seguridad y acompañantes de las víctimas, lo que provocó la salida apresurada del comandante de la FAE entre consignas de rechazo contra el Gobierno.

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