El Frente Nacional Antiminero (FNA) de Ecuador denunció este miércoles las recientes calumnias emitidas por Felipe Rodríguez Moreno, abogado de la empresa minera Curimining S.A., a quien señalan de intentar desacreditar la lucha legítima de comunidades y organizaciones que se oponen a la megaminería en el país.

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En un comunicado, el FNA subrayó que se trata de una “coalición conformada por comunidades campesinas, pueblos indígenas, autoridades comunitarias del agua y colectivos rurales y urbanos”, unidos en la defensa de los territorios, los páramos, bosques, ríos y manglares. “Trabajamos la tierra para sobrevivir y garantizar la soberanía alimentaria del Ecuador”, expresaron.

⭕️ DENUNCIA PÚBLICA
Ante las injurias de Felipe Rodríguez, abogado de la empresa CURIMINING, que pretende deslegitimar y criminalizar al Frente Nacional Antiminero, respondemos con dignidad y firmeza. Llamamos a la sociedad civil a mantenerse vigilante.
????️ Aquí el comunicado: pic.twitter.com/4awd8M609j

— Frente Nacional Antiminero (@FNAntiminero) July 3, 2025

La organización reiteró que el Estado ha concesionado territorios ancestrales para proyectos extractivos sin respeto a la ley ni consentimiento de los pueblos, mientras que la minería ilegal, con presuntos vínculos a empresas formales y autoridades, avanza sin control. Quienes se resisten a este modelo extractivo enfrentan criminalización, represión estatal y acusaciones infundadas de terrorismo o delincuencia organizada, denunciaron.

El FNA advirtió que la reciente acusación de Rodríguez, quien los calificó como “aliados del crimen organizado y regentes de la minería ilegal” —difundida a través de Teleamazonas, un medio alineado con los intereses mineros—, busca justificar la persecución y estigmatización de comunidades enteras.

A lo anterior se suma la aprobación de leyes regresivas, como la de “Inteligencia”, “Solidaridad” e “Integridad Pública”, que permiten allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y militarización bajo la excusa del conflicto armado interno, poniendo en riesgo la vida de quienes defienden el agua y la tierra.

El Frente recordó que su lucha cuenta con respaldo popular expresado en consultas como las de Girón (2019), Cuenca (2021) y Quito (2023), donde la ciudadanía decidió frenar la minería en zonas de recarga hídrica. Además, organismos internacionales como Naciones Unidas y la CIDH han pedido a Ecuador garantizar consultas libres e informadas y cesar la criminalización de quienes protegen sus territorios.

“Rechazamos cualquier intento de vincularnos con redes criminales. Nuestra defensa del territorio no es un delito, es un derecho”, subrayaron.

Finalmente, exigieron que el gobierno y las empresas mineras dejen de promover discursos de odio y hostigamiento judicial contra comunidades y organizaciones en resistencia.

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