La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó frenar por riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en el país la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de Perú que brinda impunidad a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

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La presidenta de la Corte Interamericana ordenó al Estado peruano detener el trámite de la Ley de Amnistía y abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas, y convocó el 21 de agosto a una audiencia pública en la Corte IDH en la que se escuchará a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana.

Sobre la norma aprobada por solo 16 miembros de la Comisión Permanente del Congreso, pese a sus graves implicancias para la justicia y los derechos humanos en el país, la Corte agregó que “de no frenar su promulgación, las autoridades deben abstenerse de aplicar esta ley hasta que el Tribunal pueda analizar a fondo sus impactos sobre los derechos de las víctimas”.

De igual manera, la Corte insiste que esta resolución tiene como antecedente la decisión de la Corte Interamericana de 1° julio del 2024, en la cual se ordenó a Perú no adoptar o dejar sin efecto la Ley de Impunidad (hoy Ley No. 32107), la cual dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú durante el conflicto armado.

En dicha decisión, la Corte subrayó que esa norma afectaba gravemente los derechos de las víctimas, y que los tres poderes del Estado debían garantizar que dicha norma, o iniciativas similares, no fueran adoptadas.

“Esta decisión se encuentra en total desacato por parte del Estado peruano”, aseveró el ente, al tiempo de recalcar que Ante este nuevo y grave desacato, las organizaciones representantes de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta hemos acudido nuevamente a la Corte IDH para solicitar su intervención urgente.

La promulgación de esta norma tendría consecuencias devastadoras: afectaría directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, vulnerando los derechos a la justicia y a la reparación de miles de víctimas en el país.

Se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados entre los años 1980 y 2000.

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