Después de diez días de intensas negociaciones a puerta cerrada en Bougival, a las afueras de París, las principales fuerzas políticas de Nueva Caledonia, junto con representantes del Estado francés, firmaron este sábado un proyecto de acuerdo calificado de «histórico», el cual busca establecer una solución para la estabilidad institucional del territorio de ultramar, a 17.000 kilómetros de París, tras recientes episodios de violencia y revueltas.

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Aunque el acuerdo no concede la independencia total a esa región de ultramar, sienta las bases para la creación de un «Estado de Nueva Caledonia» inscrito en la Constitución francesa, lo que representa un encaje constitucional singular e inédito.

El documento de 13 páginas aborda cuestiones institucionales, económicas y sociales. Entre las disposiciones clave, se destaca que Nueva Caledonia no será independiente, sino que se mantendrá dentro de la República Francesa con una organización institucional sui generis.

Asimismo, establece la creación de una nacionalidad caledoniana que coexistirá con la francesa, significando una doble nacionalidad.

Cabe señalar que renunciar a la nacionalidad francesa implicaría renunciar a la caledoniana, lo que significa que una persona no podrá tener únicamente la nacionalidad caledoniana.

En cuanto a las competencias, el texto prevé la transferencia progresiva de poderes soberanos del Estado francés a las instituciones locales, a través de una resolución del Congreso de Nueva Caledonia con mayoría de tres quintos; que pueden incluir la diplomacia, la seguridad, la justicia y la moneda.

De este modo, Nueva Caledonia ejercerá plena competencia en las relaciones internacionales, aunque siempre respetando sus compromisos internacionales y los intereses de Francia, y estará estrechamente asociada al ejercicio de funciones soberanas, incluyendo la formación de personal administrativo, judicial y de seguridad; aunque la defensa seguirá siendo competencia de París.

Una medida fundamental del acuerdo es la apertura del censo electoral para las elecciones provinciales, lo que permitirá votar a todas las personas nacidas en Nueva Caledonia, así como a aquellas que hayan residido allí de manera continua durante al menos 15 años.

Esta modificación busca resolver la controversia que desató importantes disturbios en mayo de 2024, ya que la exclusión previa de residentes llegados después de 1998 había sido una fuente de tensión, con los independentistas denunciando intentos de minorizar al pueblo autóctono kanak.

El acuerdo también incluye un pacto de refundación económica y financiera, con objetivos para sanear las finanzas públicas y reactivar la economía.

Así, por ejemplo, un plan estratégico específico para el níquel, un recurso vital para la economía de Nueva Caledonia, contempla facilitar su exportación bajo una “doctrina renovada» y priorizar su transformación local o en plantas caledonianas en el exterior, con apoyo técnico y financiero del Estado francés.

El acuerdo, no obstante, aún debe ser aprobado por los habitantes de Nueva Caledonia, previsiblemente en 2026, y tener antes de esa fecha el visto bueno del Parlamento francés, en el que el Senado y la Asamblea Nacional se reúnen excepcionalmente para validar una reforma constitucional.

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