Los agricultores hicieron presencia con una decena de tractores frente a la Asamblea Nacional en París con el objetivo de presionar para la aprobación de una proposición de ley que busca eliminar trabas burocráticas y, de manera controversial, autorizar el uso de insecticidas actualmente prohibidos.

A este respecto, la FNSEA anunció acciones que se extenderán hasta el miércoles 28 de mayo, en «todos los departamentos» franceses. De acuerdo con el presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau, la manifestación no tiene como fin «bloquear la capital» ni «fastidiar a los franceses», sino alertar sobre la situación precaria del sector, subrayando la gravedad de la misma.

El centro de la controversia es un proyecto de ley impulsado por el senador conservador Laurent Duplomb, exdirigente de la FNSEA. Este texto incluye disposiciones para suprimir obligaciones medioambientales para los agricultores, siendo la más polémica la autorización de insecticidas neonicotinoides. Estos productos están prohibidos en Francia desde 2018 debido a su impacto negativo en las abejas, pero la FNSEA argumenta que se usan en otros 26 países de la Unión Europea y son cruciales para cultivos como la patata, la remolacha y la avellana.

Rousseau justificó la exigencia de esta autorización «de forma derogatoria» para cultivos específicos, argumentando que la prohibición unilateral en Francia obliga a la importación de productos extranjeros y desincentiva la producción nacional. Insistió en la necesidad de continuar la investigación para encontrar alternativas, pero mientras tanto, la derogación es «necesaria» aseguró. El proyecto también busca reducir las exigencias administrativas y medioambientales para la construcción de granjas y balsas de riego.

La propuesta legislativa enfrenta una fuerte oposición de partidos de izquierda como La Francia Insumisa (LFI) y los Ecologistas, quienes han presentado cerca de 3.500 enmiendas. Estas enmiendas amenazan con agotar el tiempo parlamentario asignado al debate, impidiendo en la práctica la tramitación del proyecto en la Asamblea Nacional. Ante este obstáculo, la derecha, con el respaldo de la mayoría de los sindicatos agrícolas, contempla votar una moción de rechazo. Esta maniobra permitiría evitar el paso por la Asamblea y adoptar el texto a partir de una comisión mixta de ambas cámaras, donde el peso del Senado, con una mayoría conservadora más amplia, sería decisivo.

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Estas protestas son una continuación de las movilizaciones agrícolas de 2024, que incluyeron bloqueos de autopistas en enero y llevaron al gobierno a presentar 70 medidas de apoyo. Los agricultores franceses continúan reclamando la eliminación de trámites burocráticos, la autorización de ciertos pesticidas y un mayor respaldo económico, poniendo en el centro de su malestar la «competencia desleal» que atribuyen al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

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