La Fiscalía de Perú formalizó el martes una investigación contra altos mandos de la Policía Nacional por el presunto delito de tortura durante la represión a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en la región de Apurímac el 9 de febrero de 2023.

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Las diligencias contra las autoridades policiales estarán a cargo del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

Entre los investigados figuran el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Raúl Alfaro Alvarado; el exteniente general Jorge Angulo Tejada; el jefe de la región policial Apurímac, Jesús Flores Solís; y otros oficiales y suboficiales: Víctor Sifuentes Yañez, Rodolfo Porfirio Díaz, José Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañihua, David Chapa Aquino, Joel Cabrera Paredes y Nobel Inca Andia.

De acuerdo con la fiscal provincial Elizabeth Quispe, los hechos de presunta tortura ocurrieron en el sector conocido como Siete Vueltas. Ahí las víctimas habrían sido reducidas, atadas de manos por varias horas y sometidos a violencia física y psicológica por lo que, según la Fiscalía, hay indicios suficientes para presumir responsabilidad penal de quienes lideraban los operativos.

Este caso forma parte del conjunto de investigaciones abiertas por la fuerte represión a las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en la que se registraron más de 50 personas fallecidas y cientos de heridos por disparos, golpizas y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la PNP y el Ejército.

Avanza justicia para víctimas de la represión

Ante las denuncias presentadas contra la represión, el pasado 4 de julio, Eficavip informó que el 70 por ciento de las investigaciones fiscales ya se encuentran en etapa preparatoria, es decir, en la fase en la que los fiscales recogen elementos para presentar acusaciones formales ante el Poder Judicial.

Según el equipo especial de la fiscalía peruana, de las 61 investigaciones en curso, 42 ya tienen hechos concretos, delitos tipificados e imputados identificados.

El equipo fiscal de Lima 1, que también integra Eficavip, ya ha presentado dos acusaciones ante el Poder Judicial, y las audiencias de control se programaron para los días 2 y 10 de julio. Estos avances reflejan que varias de las causas están camino a juicio.

Las investigaciones también alcanzan a los miembros del Ejecutivo. En mayo de este año, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso por los presuntos delitos de lesiones graves, relacionados con la represión que dejó decenas de muertos y heridos.

La denuncia, elaborada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también vincula a los ex primeros ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola, y a los exministros del Interior y Defensa César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.

De acuerdo a la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana. En estos lugares, se habría hecho uso desproporcionado y excesivo de la fuerza militar y policial contra ciudadanos que ejercían su legítimo derecho a la protesta.

Más investigaciones en curso

Además de las más de 60 investigaciones, el equipo fiscal de Ayacucho prepara acusaciones relacionadas al caso Huanta, en el que se reportaron dos víctimas; el caso Wanchaq-Cusco, con 30 víctimas registradas; y en octubre, por el caso Trujillo, donde se documentaron 38 víctimas.

Estas se suman a la ya formalizada investigación contra 27 integrantes del Ejército vinculados a la represión del 15 y 16 de diciembre de 2022 en Huamanga.

En el caso de Puno, se investigan también la muerte de Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe en Macusani, los asesinatos de 18 personas y las lesiones de más de 100 en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, y los hechos de violencia en la avenida Independencia de la misma ciudad, donde están implicados tres policías.

Finalmente, según el reporte, cinco casos se encuentran en etapa de calificación, mientras que 14 permanecen en investigación preliminar.

No obstante, la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 se encuentra pendiente del avance de estas investigaciones, por ello, hace unos días se reunieron con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para solicitar nuevos compromisos en torno a estas.

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