La Fiscalía de Perú interpuso una denuncia constitucional el lunes contra el ministro de Educación, Morgan Quero y la exministra de la Mujer, Ángela Hernández por el delito de fomento a la discriminación en su forma agravada en perjuicio de adolescentes indígenas víctimas de abuso sexual.

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La Fiscalía, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó la denuncia constitucional ante el Congreso contra Quero y Hernández, acusados ​​de ser presuntos responsables de incitar la discriminación en perjuicio de los menores de las comunidades indígenas Awajún y Wampis de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

“Los hechos se refieren a que los denunciados declararon ante medios de comunicación nacional una expresión que promueve y legitima la exclusión y desvalorización de los referidos agraviados”, señaló la Fiscalía en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

En junio del año anterior, el periódico La República reportó cientos de denuncias de hostigamiento y abuso sexual por parte de profesores hacia alumnos de educación primaria y secundaria entre 2010 y 2024 en Condorcanqui, e indicó que, además, se registraron contagios de VIH.

En relación a esta circunstancia, Quero expresó que los abusos son «una práctica cultural, que, lamentablemente, sucede para ejercer una forma de construcción familiar«.

«Vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población (…) Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano«, agregó el ministro.

Por otro lado, la entonces ministra Hernández añadió que «se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales, y si lo van a hacer que sean protegidas».

Sin embargo, Hernández señaló que “cuando es por abuso sexual, tenemos que prevenir”.

Las declaraciones de ambos ministros provocaron rechazo y solicitudes de dimisión de diversos grupos, frente a lo que Quero admitió haber emitido declaraciones «inaceptables» en relación a las costumbres culturales de ciertas comunidades indígenas, y aseguró que se había distanciado a los maestros con denuncias de agresiones sexuales en las clases.

Quero fue objeto de otra denuncia constitucional la semana pasada por el mismo delito, debido a las afirmaciones que supuestamente hizo contra las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales del 2022 y 2023, al afirmar que “los derechos humanos son para las personas y no para las ratas”.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial destinado a los altos cargos del Estado peruano, incluyendo al presidente, y requieren la aprobación del Congreso para que la cámara sugiere acusar a la persona en investigación antes de seguir con el procedimiento.

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