Argentina: Fiscalía pide cárcel común para Cristina Fernández de Kirchner
Los fiscales de la causa contra la expresidenta rechazaron la solicitud de prisión domiciliaria para Cristina Fernández pese a su edad, riesgo de vida y relevancia política.
Cristina Fernández de Kirchner calificó como «un certificado de dignidad histórica» ser encarcelada, dado que «la historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso mas equitativa, no los perdonan». Foto: Xinhua
17 de junio de 2025 Hora: 10:00
En un controvertido dictamen presentado este martes, los fiscales federales argentinos Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que deniegue el pedido de prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel en el caso Vialidad en un proceso colmado de irregularidades y denunciado como un caso típico de lawfare o persecusión judicial.
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La decisión de los fiscales, aunque no vinculante, intensifica el debate sobre el trato judicial hacia la líder peronista, quien cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio por tener 72 años, ser víctima de un intento de asesinato en 2022 y ostentar un rol institucional clave como principal figura de la oposición.
En tanto, el juzgado del Tribunal que deberá tomar la decisión al respecto dio plazo hasta mañana, miércoles 18, a Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, desde el peronismo convocaron a una movilización presentada como «la más grande de la historia» para acompañar a la lidereza desde su domicilio hasta los Tribunales Federales de la Avenida Comodoro Py.
En un documento de 10 páginas, los fiscales sostuvieron que «no se advierten razones humanitarias» que justifiquen la medida, pese a que el Código Penal argentino (artículo 32 bis) establece que los mayores de 70 años «podrán» cumplir la pena en sus domicilios.
Fernández también alega riesgo de vida —avalado por informes médicos— debido al ataque con arma de fuego que sufrió frente a su residencia, un hecho calificado como magnicidio.
Los fiscales descartaron además que su condición de ex presidenta —dos veces mandataria (2007-2015) y actual vicepresidenta del Senado— implique un riesgo adicional en prisión, afirmando que el Gobierno puede garantizar su seguridad en una unidad carcelaria. Sin embargo, omitieron mencionar que en 2023 el propio Estado argentino la incluyó en un programa de protección especial por amenazas continuas.
Luciani y Mola citaron como precedente el caso de Ricardo Jaime, ex funcionario kirchnerista a quien se le negó la prisión domiciliaria a los 70 años. No obstante, Jaime no era un líder político con riesgo comprobado.
La defensa de la ex presidenta recordó que otros condenados por corrupción —como el ex presidente Carlos Menem (fallecido en 2021)— gozaron de libertad durante años por su edad avanzada. «Hay un ensañamiento evidente«, declaró su abogado, Carlos Beraldi, aludiendo a la polarización política en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha criminalizado al kirchnerismo.
El fallo del Tribunal se espera en las próximas horas, pero la postura de la Fiscalía ya generó reacciones internacionales. La CIDH y organismos de derechos humanos han cuestionado antes el uso de la justicia contra líderes opositores en América Latina. Fernández, icono de la centroizquierda regional, enfrenta además otras causas judiciales, lo que sus seguidores interpretan como una estrategia para «inhabilitarla políticamente».
Autor: teleSUR - NH
Fuente: El Destape- Agencias
