Fiscalía peruana denuncia a Dina Boluarte por represión en protestas sociales de 2022 y 2023
La Fiscalía de Perú denuncia a Boluarte como presunta autora de los delitos de lesiones leves y graves.
La fiscalía también imputó a Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. Foto: EFE
15 de mayo de 2025 Hora: 17:45
El Ministerio Público de Perú presentó este jueves una denuncia ante el Congreso de la República contra la presidenta del país, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en sus actuaciones como presunta autora de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otras personas.
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La Fiscalía también imputó a Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, en sus actuaciones como presidentes del Consejo de Ministros, y ministros de Defensa e Interior, respectivamente.
La imputación está relacionada con las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana.
Asimismo, el ente detalló que se identificaron “a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”.
Previamente, el Ministerio Público radicó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, por la presunta comisión del delito Contra la Humanidad- Incitación a la Discriminación en la modalidad agravada.
La denuncia se realizó por el agravio a las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte Zegarra, en el periodo 2022-2023.
También, detalló el ente, que el denunciado, al finalizar una actividad oficial, declaró ante un medio de comunicación nacional, una expresión que promueve y legitima la exclusión y desvalorización de las víctimas de la violencia.
En la represión de las protestas que surgieron tras la detención y cese de funciones del expresidente Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 personas murieron y cientos más resultaron heridas.
Autor: teleSUR - odr - YSM
Fuente: @FiscaliaPeru
