La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en Brasil reveló un informe donde el año pasado más de 17.000 familias sufrieron envenenamiento por el uso de agrotóxicos, lo que ha aumentado los conflictos en el campo brasileño.

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De acuerdo a la plataforma Brasil de Fato, “si bien existen mecanismos para denunciar este tipo de delitos, el subregistro y la impunidad son realidades constantes. Desde el Sistema Único de Salud (SUS) hasta los tribunales, la población aún presenta dificultades para acceder y recibir atención, puntos que exigen preparación del sector público”.

Por otra parte, de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos, Alan Tygel, precisó que construir ese respaldo “también exige resistencia e involucramiento de los movimientos populares y de la sociedad civil. Es una realidad que tendremos que construir. Parte de nuestra lucha es mantener esta movilización y asegurar que se reciban estas quejas, y ejercer esta presión”.

“Una de las acciones que hemos intentado implementar es visibilizar esta realidad, que existe en Brasil desde hace mucho tiempo, pero que permanece oculta. Una de nuestras tareas es orientar a la población para que estas denuncias se construyan de manera coherente”, remarcó Tygel.

En este contexto, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ha declarado que millones de brasileños están viviendo con hambre y más de 100.000 familias sin tierra acampadas luchando por conseguir un pedazo de tierra para vivir y producir.

Agregan además que mientras tanto, menos del 1 por ciento de los propietarios rurales controlan casi la mitad de la tierra.

“El Censo Agropecuario del IBGE de 2017 revela la cruel ironía de este sistema: son los pequeños agricultores, con apenas el 23 por ciento de la tierra cultivable, quienes producen el 70 por ciento de los alimentos consumidos en el país, entre frutas, verduras y legumbres, de los cuales el 87 por ciento es mandioca, el 70 por ciento frijol y el 46 por ciento maíz”, insisten.

“Si por un lado la seguridad alimentaria se basa en garantizar ingresos para que la población pueda acceder a los alimentos, por otro lado también presupone la disponibilidad de alimentos. El agronegocio no abastece el mercado interno, además de ser responsable de daños ambientales y conflictos en el campo. Existe un déficit de oferta alimentaria que se atendería con la Reforma Agraria, incorporando más familias a la producción de alimentos, equilibrando la oferta y la demanda, bajando los precios y fortaleciendo la soberanía alimentaria”, declaró el MST.

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