La exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez, anunció el inicio de una huelga de hambre en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva, en protesta por lo que denuncia como violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.

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 La organización Adelante Pueblo Unido (APU) respaldó estas acusaciones, señalando que Chávez es víctima de un “encierro injusto e ilegal” y de un constante hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias.

En una carta dirigida a la judicatura y a la opinión pública, Chávez detalló las irregularidades en el penal pese a las denuncias presentadas los días 8 y 10 de julio durante su juicio oral por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

 Entre las violaciones citadas, la exministra señaló restricciones al libre uso de baños públicos los fines de semana, en contravención de los artículos 60, 73 y 73.0 del Reglamento del Código de Ejecución Penal (RCEP). También denunció limitaciones al libre tránsito por pasadizos comunes en el régimen cerrado ordinario, de lunes a domingo, según los mismos artículos del RCEP.

Chávez destacó restricciones en el acceso a visitas, incluyendo la de su defensa técnica, limitada de lunes a jueves en lugar de lunes a viernes, como establece el artículo 18 del RCEP. Asimismo, indicó que las visitas de familiares y amigos, que deberían permitirse tres veces por semana conforme al artículo 60 del RCEP, se reducen a solo dos. La exministra también acusó al Consejo Técnico Penitenciario, liderado por la directora Nelly Aquino Guardales, la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento, Vilma Poucar, y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón, de imponer sanciones generales en lugar de individuales, afectando la convivencia en el penal.

“He tomado la firme decisión de no asistir en estas condiciones a mi juicio, pues esta situación carcelaria inhumana y he de acatar una huelga de hambre absoluta hasta el cese de las vulneraciones descritas y se reorganice este establecimiento penitenciario con nuevas autoridades”, afirmó Chávez en su carta.

 Además, informó que ha presentado un hábeas corpus correctivo para exigir el cese de estos actos, a los que calificó como “ilegales, arbitrarios y humillantes”, y solicitó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una reorganización urgente del penal debido a las presuntas irregularidades y casos de corrupción.

La organización APU  exigió la libertad de Chávez y condenó las condiciones de su reclusión. La exministra, procesada por el delito de rebelión. Chávez también solicitó una investigación formal contra estas funcionarias por parte de la Fiscalía.

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