Estudio revela que solo 7% del acaparamiento de tierras en la Amazonía resultan en sentencias
Esta situación refuerza la percepción de que la apropiación ilegal de tierras públicas se mantiene como un delito de bajo riesgo.
El estudio señala que en muchos casos de acaparamiento no se presentan pruebas periciales que confirmen, por ejemplo, la falsificación de documentos, lo que lleva a la absolución de los acusados. Foto: EFE.
31 de julio de 2025 Hora: 16:59
Un estudio reciente del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) reveló que la baja tasa de condenas en casos de acaparamiento de tierras en la Amazonía, que se sitúa en un 7 por ciento, se debe a una combinación de factores judiciales y procesales que favorecen la impunidad. Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de pruebas suficientes, la aceptación de la alegación de «buena fe» por parte de los acusados y las interpretaciones confusas de los jueces.
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El estudio señala que en muchos casos de acaparamiento no se presentan pruebas periciales que confirmen, por ejemplo, la falsificación de documentos, lo que lleva a la absolución de los acusados. De igual manera, se observó que los tribunales aceptan como prueba de buena fe los contratos de compraventa de propiedades adquiridas de terceros, aun cuando los terrenos sean públicos.
También se han registrado fallos en los que los jueces han argumentado que «no puede haber delito si el acusado no obtiene un beneficio económico de un bien que no le pertenece», lo que resulta en absoluciones cuestionables.
A estos factores se suma la lentitud de los juicios, un factor determinante en la impunidad. El tiempo promedio entre el inicio del proceso y la sentencia final es de seis años, pero en un 35% de los casos supera este período. Esta dilación procesal favorece la prescripción del delito, lo que impide analizar el fondo de la conducta y se convierte en uno de los resultados más frecuentes.
Para revertir esta situación, el estudio destaca que las pocas condenas que se logran se basan en pruebas materiales concretas que desmejoran las alegaciones de buena fe, como las notificaciones de agencias gubernamentales que informan a los ocupantes que el terreno es público.
Basándose en estos hallazgos, la investigación propone una serie de medidas para reforzar la justicia en la región; entre estas se ubican: Legislar para aumentar penas, lo que sugiere endurecer las penas por delitos de apropiación de tierras y evitar que nuevos proyectos de ley las reduzcan.
Fortalecer la acción gubernamental, algo que se considera crucial para reforzar organismos como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) en la emisión de avisos formales a los ocupantes ilegales.
Entre otras medidas se enlistas, el aprovechamiento de la tecnología, en marco de lo que se propone utilizar sistemas como el Registro Ambiental Rural (CAR) e imágenes satelitales para diagnosticar ocupaciones ilegales y generar pruebas para el Ministerio Público.
Mayor claridad en las acusaciones, el Ministerio Público debe detallar la conducta específica de cada acusado y las pruebas correspondientes en las peticiones para facilitar la valoración de las pruebas.
Autor: TeleSUR: alr - RR
Fuente: Brasil de Fato