El Gobierno español ha dado luz verde a un acuerdo histórico para la regularización administrativa de miles de personas migrantes en situación irregular, tras el consenso alcanzado entre el PSOE y Podemos para tramitar la medida como Decreto en el Consejo de Ministros de este martes 27 de enero.

La iniciativa representa «un paso decisivo hacia el reconocimiento de los derechos de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular en España», según el Movimiento Regularización Ya.

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La medida, que podría beneficiar a aproximadamente medio millón de personas, responde a una demanda ciudadana materializada en una iniciativa legislativa popular que recogió más de 700.000 firmas en todo el Estado. El plazo para acogerse a esta regularización se extenderá hasta el próximo 30 de junio.

El requisito fundamental será haber permanecido en España al menos cinco meses al momento de presentar la solicitud. Para acreditar este periodo, las personas podrán utilizar documentos como el padrón municipal, certificados de citas médicas, contratos de alquiler u otros justificantes. La resolución favorable otorgará una autorización de residencia por un año, tras el cual podrá iniciarse el proceso para obtener la residencia permanente.

El Ejecutivo confirmó que la medida busca «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente». Aunque en abril de 2024 el Congreso aprobó con 310 votos a favor —frente a los 33 en contra de Vox— la entrada de la iniciativa en el debate parlamentario, el trámite permanecía estancado desde entonces.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero adelantó la noticia en un mitin. Su partido explicó que la regularización se ejecutará mediante un Real Decreto que no requiere convalidación parlamentaria, al tratarse de una modificación reglamentaria.

Desde la formación destacan que «España ha demostrado en el pasado que regularizar es posible y eficaz (hace aflorar empleo, reduce la economía sumergida y mejora la convivencia)».

El Movimiento Regularización Ya valoró positivamente que el Gobierno «haya utilizado una vía normativa que no depende de la aritmética parlamentaria», destacando que «la regularización podía hacerse, y se ha hecho» gracias a «la presión sostenida del movimiento migrante organizado».

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