El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó a favor del presidente Donald Trump, otorgándole el control de la Guardia Nacional en el estado de California. Este fallo revierte una orden de un tribunal inferior que exigía a Trump ceder el mando de los aproximadamente 4.000 guardias desplegados para contener las protestas en Los Ángeles, desencadenadas desde el pasado 7 de junio por las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La corte federal consideró que «es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria» en sus acciones a principios de junio. Adicionalmente, el dictamen especificó que «no emitir la orden de federalización directamente a través del gobernador de California no limita su autoridad legal para convocar a la Guardia Nacional«.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario estadounidense celebró la decisión como una «gran victoria«. «En todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la brindaremos, si es que la Policía estatal y local no pueden, por cualquier razón, cumplir con su trabajo», aseveró Trump.

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Pese al revés, el tribunal también señaló que la decisión del presidente de movilizar a la Guardia Nacional de California no está completamente aislada de la revisión judicial, una parte del fallo que el gobernador de California, Gavin Newsom celebró. «Trump no es un rey y no está por encima de la ley«, publicó Newsom en X, advirtiendo que no permitirán «que este uso autoritario de soldados militares contra ciudadanos quede sin control«. En este sentido, California aún puede reclamar una revisión del caso o solicitar la intervención de la Corte Suprema.

El pasado 9 de junio, Newsom presentó una demanda contra la Administración Trump, calificando el despliegue de las tropas como «ilegal, inmoral e inconstitucional«. El gobernador de California argumentó que la orden de Trump era ilegítima al no emitirse a través de su oficina, marcando la primera vez en 60 años que un presidente ordena el despliegue de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador estatal.

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