El Gobierno de Estados Unidos autorizó este martes el despliegue de hasta 700 efectivos militares en los estados de Texas, Florida y Luisiana, con el objetivo de apoyar operativos migratorios en centros de detención, según un comunicado oficial difundido por el Departamento de Defensa.

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De acuerdo con el Pentágono, los uniformados, provenientes de todas las ramas bajo control federal conforme al Título 10 del Código de EE.UU. no participarán directamente en arrestos, sino que se encargarán de tareas administrativas y logísticas, como procesamiento de personas, mantenimiento vehicular, reabastecimiento de combustible y labores clericales en instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según explicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, esta medida busca liberar recursos humanos del ICE para que se concentren en las denominadas «misiones de ejecución», una prioridad que el Gobierno considera clave para “mantener la soberanía y la integridad territorial” del país.

La decisión se produce en un clima de creciente malestar social, especialmente tras las protestas masivas registradas en ciudades como Los Ángeles, donde entre mayo y junio la Casa Blanca ya había ordenado el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines.

En paralelo, la política de militarización migratoria del presidente Donald Trump ha generado resistencias judiciales y políticas, particularmente en California, donde las autoridades estatales han presentado demandas legales contra el Ejecutivo por considerar que tales despliegues violan competencias locales y fomentan un clima de persecución e inseguridad.

La medida coincide además con recientes reportes sobre la muerte de un segundo migrante bajo custodia de ICE, lo que ha aumentado las críticas contra las condiciones de detención y el uso del aparato militar en la política interna.

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