Representantes de movimientos sociales, colectivos ciudadanos y agrupaciones ambientalistas se congregaron en el Teatro Prometeo, dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, en rechazo a las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

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Uno de los principales puntos de crítica fue la reestructuración del aparato estatal, que redujo el número de ministerios de 20 a 14.

Entre las fusiones más cuestionadas se encuentra la unión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, una medida que, según denuncian, pone en riesgo los avances en protección ambiental.

Paola Oña, representante del Frente Clínica Ambiental, expresó su preocupación “es demasiada incertidumbre por las situaciones. Definitivamente hay que hacer una mesa de escucha donde se pueda conversar con distintos actores que trabajamos en el territorio para poder planificar su creación de políticas públicas”.

Oña remarcó que el Ejecutivo debería construir consensos junto a las comunidades afectadas, en lugar de tomar decisiones unilaterales que ya derivaron en la desvinculación de cerca de 5.000 empleados del sector público.

Durante la jornada, múltiples voces coincidieron en que las recientes políticas gubernamentales golpean con fuerza a los sectores más vulnerables.

“Estamos viendo cómo los derechos básicos están siendo vulnerados. En momentos de crisis, siempre se ajusta desde el lado más frágil: las clases medias y populares. Parece que hasta la vida privada quieren regular con tanta imposición legal”, señalaron desde uno de los colectivos participantes.

La sesión cerró con una reunión a puertas cerradas entre las distintas organizaciones, con el fin de coordinar acciones conjuntas frente al actual panorama.

Por su parte, el Frente Nacional por un nuevo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) denunció que el Gobierno no ha cumplido con la reestructuración del Consejo Directivo del organismo, lo que obstaculiza el reclamo de una deuda millonaria que mantiene el Estado con la entidad.

Henry Llanes, portavoz del frente, denunció que “cuando el Ejecutivo incumple la Ley de Seguridad Social y no paga los compromisos que ya ascienden a 24 mil millones de dólares, está vulnerando el artículo 372 de la Constitución y debilitando el patrimonio del IESS. Por eso hemos interpuesto una demanda por incumplimiento de sentencia”.

Desde distintos sectores sociales las organizaciones ecuatorianas anunciaron nuevas movilizaciones para exigir que se reviertan las decisiones del Gobierno.

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