Diversos sectores de la sociedad ecuatoriana se movilizarán este miércoles en la capital del país contra la Ley de Integridad Pública, destacando que la iniciativa pone en riesgo a la Salud Pública y los puestos de trabajo de más de 635 mil servidores públicos, abriendo la puerta a despidos arbitrarios y perjudicando a los usuarios.

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La norma promovida por el Gobierno de Daniel Noboa sumó el martes una nueva demanda de inconstitucionalidad, que ya acumula 20 querellas similares.

La ley ha generado fuerte rechazo por parte de sindicatos, estudiantes, juristas y ciudadanos, que denuncian retrocesos de derechos con esa y otras medidas aprobadas recientemente por el Parlamento ecuatoriano.

Quienes se oponen a la Ley de Integridad Pública señalan que la norma establece reformas en la función judicial, cambios en la contratación pública, endurece penas para adolescentes para que sean juzgados como adultos.

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), presentó en la víspera una nueva demanda de inconstitucionalidad.

El rechazo a ciertos articulados de la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, no se quedó únicamente en las demandas que se están presentando desde varios frentes, sino que se amplió a movilizaciones convocadas por sectores que se ven afectados por la normativa.

Sindicatos y organizaciones docentes marcharon el pasado 11 de julio frente a la Corte Constitucional para protestar contra la Ley de Integridad Pública.

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