Un tribunal ecuatoriano dictaminó una pena de 13 años de prisión para el exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018) y el exsecretario del Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí, Carlos Bernal, por el presunto «uso excesivo de fondos públicos» destinados a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.

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La sentencia incluye una multa y una reparación integral de 250 millones de dólares, 125 millones cada procesado, e inhabilitaciones de por vida para ejercer cargos públicos y en entidades financieras.

Según lo leído por la jueza Mercedes Caicedo en la audiencia realizada a puertas cerradas con la participación virtual del fiscal general del Estado en funciones, Wilson Toainga, se determinó la «culpabilidad de Glas y Bernal» como coautores del delito de peculado por haber realizado acciones que permitieron la infracción, a pesar de no haber firmado los contratos.

Según lo expuesto, Glas designó a Bernal como secretario del Comité de Reconstrucción, y sus acciones priorizaron obras como parques, en lugar de atender las necesidades inmediatas de los afectados con la construcción de escuelas o viviendas. Supuestamente se autorizaron obras que beneficiaron a Bernal.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que las contribuciones solidarias recaudadas tras el terremoto de 2016, a través de una Ley de Solidaridad y el por ciento del IVA, superaron los 1.614 millones de dólares, pero una parte significativa fue destinada a proyectos «no prioritarios».

Los acusados y sus abogados defensores han rechazado los cargos, argumentando que las obras beneficiaron a la ciudadanía y que se trata de una persecución política en su contra, dada su pertenencia al movimiento Revolución Ciudadana y su participación en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Tras esta decisión, ambos tienen derecho a presentar apelaciones.

Recientemente, juristas internacionales emitieron un comunicado denunciando la falta de sustento jurídico en el proceso contra Glas por el caso “Reconstrucción de Manabí”.

El exvicemandatario actualmente cumple una condena de ocho años en prisión. Sus sentencias se deben a dos casos de supuesta corrupción: el primero en 2017 por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht, y el segundo en 2020 por «cohecho en el caso Sobornos». En este último, el expresidente Correa también fue condenado a ocho años y deshabilitado para ejercer cargos políticos.

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A finales de 2022, Glas fue liberado gracias a una resolución judicial y estuvo en libertad hasta finales de 2023, cuando buscó refugio en la Embajada de México en Quito, capital ecuatoriana, solicitando asilo y argumentando que la Fiscalía buscaba procesarlo nuevamente.

Luego, el 5 de abril de 2024, el presidente actual de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el asalto a la sede diplomática mexicana para detener a Glas. Esto ocurrió a pesar de que el Gobierno mexicano le había concedido el asilo al considerarlo un perseguido político. Desde ese día, Jorge Glas permanece recluido en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador que alberga a individuos con amplio historial delictivo.

En enero, las autoridades penitenciarias de Ecuador confirmaron un intento de asesinato contra Jorge Glas durante un amotinamiento de reos en La Roca.

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