La Superintendencia de Compañías de Ecuador intervino a Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra, en una medida que la compañía denuncia como una represalia por su línea editorial crítica hacia el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Según un oficio fechado el miércoles y difundido este jueves, la intervención tiene como objetivo “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”. Como parte del proceso, la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez fue designada interventora y deberá entregar informes mensuales a la Superintendencia.

LEA TAMBIÉN:

Ecuador: Docentes preparan movilización contra reforma que asfixia la educación municipal

La solicitud de intervención proviene de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia, que comenta ser accionista de Granasa teniendo una participación del 2,56 por ciento, cuya titularidad está en disputa legal.

Inmobiliar exigió a la empresa el “detalle de asesores legales mantenidos entre 2022 y 2025”, incluyendo una matriz de casos atendidos.

Granasa rechazó entregar dicha información, argumentando que, conforme a la Ley de Compañías, no está obligada a hacerlo si existen “razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales o su publicidad perjudique los intereses de la compañía”.

«Es pública la posición crítica de Diario Expreso frente a la gestión del presidente Daniel Noboa, cabeza de la Función Ejecutiva de la que depende Inmobiliar, por lo que existen serios riesgos de que la información solicitada puede ser utilizada de manera poco objetiva y en detrimento de los intereses de la empresa y de sus accionistas», señaló Eduardo Carmigniani en respuesta al Liquidador de Veranera S.A.

La empresa también recordó que la Superintendencia ha intentado anteriormente “adueñarse del 40 por ciento de las acciones” de Granasa, tras detectar supuestas irregularidades en un traspaso accionario ocurrido hace seis años.

Asimismo, denunció “otros intentos infructuosos de menoscabar su integridad” mediante el Servicio de Rentas Internas y la Fiscalía, con acusaciones de defraudación tributaria y lavado de activos que, según afirma, carecen de sustento.

El 5 de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre “represalias” del Gobierno ecuatoriano contra Granasa, calificando el uso de instituciones públicas para hostigar medios críticos como “una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”. SIP junto a otras organizaciones relacionadas con la prensa rechazaron esta acción visto como un intento de ejercer presión editorial o censura a los diarios afectados.

EN ESTA NOTA: