Un grupo de habitantes de comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, afectadas tras un derrame de petróleo en enero de 2020, se reunió este lunes frente a la Corte Provincial de Justicia de Orellana, en la ciudad de El Coca, para exigir justicia y soluciones ante los efectos persistentes del desastre ambiental.

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Los dirigentes indígenas, pertenecientes a la Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCNAE), llegaron al lugar con muestras de agua contaminada y fotografías que evidencian el impacto del derrame en sus comunidades.

Además, denunciaron problemas de salud, como enfermedades de la piel, que atribuyen al contacto con aguas y suelos contaminados.

«Pedimos justicia, porque las comunas seguimos perjudicadas y mi pueblo está sufriendo. Queremos conversar mano a mano, en nuestras comunidades, para encontrar una solución real», declaró a la prensa Luis Andy, presidente de la FCNAE.

El derrame de 2020 ocurrió debido a la rotura de los dos principales oleoductos de Ecuador, lo que provocó el vertido de más de 15.800 barriles de crudo en los ríos Coca y Napo. Este desastre afectó a más de 120.000 personas, entre ellas 27.000 miembros del pueblo kichwa que viven en las orillas de estos ríos.

Desde entonces, las comunidades han llevado adelante una batalla judicial que ya cumple cinco años. En noviembre de 2024, la Corte Constitucional anuló las sentencias de primera y segunda instancia, que negaban justicia a las afectadas, y ordenó un nuevo proceso que incluyera un diálogo intercultural con las comunidades.

El juez designado para el caso, Clemente Paz, aceptó inicialmente realizar este diálogo en territorio indígena, pero posteriormente notificó que la diligencia sería pospuesta.

Esta decisión generó malestar entre los dirigentes indígenas, quienes insisten en la necesidad de un encuentro directo y respetuoso en sus comunidades.

«Como madres y como mujeres nos sentimos muy afectadas. Ya no hay vida. Nuestros hijos se están muriendo y nuestros abuelos están enfermos. Queremos que nuestros hijos no sufran, que estudien y se preparen», subrayó Mery Jipa, una de las dirigentes indígenas.

Las comunidades han perdido su principal fuente de alimentación, la pesca, y han visto afectada su calidad de vida. «Desde que pasó el derrame, vivimos prohibidos de tomar agua del río. Solo tomamos agua de lluvia. No podemos consumir agua del río porque hasta ahora sigue contaminado», señaló la dirigente amazónica, Mireya Noa.

Además, el derrame ha generado enfermedades, la muerte de animales y daños a las plantas medicinales que crecen en las orillas de los ríos. «Nos han quitado la pesca, el medio para nuestra alimentación, y la recreación en las playas, donde teníamos baños a las orillas del río. Nos han quitado la vida», lamentó otros de los dirigentes, Darío Shiguango.

Recientemente, las tensiones se intensificaron tras un nuevo derrame petrolero ocurrido a mediados de enero, que afectó nuevamente la región. Aunque las autoridades aún no han determinado el volumen exacto del vertido, los dirigentes indígenas advierten que si no se toman medidas efectivas, se repetirán los desastres ambientales y sociales.

La lucha de las comunidades kichwa no solo busca reparación por los daños sufridos, sino también garantizar que se implementen medidas preventivas para evitar futuros desastres. «Si no hay soluciones, esto va a seguir pasando. Queremos que las autoridades entiendan que nuestro territorio no es un lugar donde se pueden hacer experimentos o ignoren nuestras voces», insistió por su parte el líder, Luis Andy.

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