La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su preocupación por las presiones ejercidas por el Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, contra la Corte Constitucional.

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En un comunicado emitido este viernes, la CIDH señala que estas acciones representan una amenaza a la independencia judicial, un pilar esencial para la protección de los derechos humanos y el equilibrio democrático en el país.

La CIDH destaca que “la separación de poderes y la independencia judicial son fundamentales en los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos”.

Este pronunciamiento se produce tras críticas y acciones del Ejecutivo ecuatoriano, que incluyen discursos de altos cargos, como ministros, y la convocatoria a una marcha contra el tribunal constitucional en respuesta a sentencias contrarias a las tesis del Gobierno.

La Comisión ya había emitido una advertencia previa cuando Noboa llamó a movilizaciones contra la Corte, lo que generó cuestionamientos sobre el respeto a la autonomía de las instituciones judiciales.

El comunicado de la CIDH subraya que “la labor de las personas operadoras de justicia es fundamental tanto para garantizar los derechos humanos como para proteger al sistema democrático frente a los posibles abusos de los propios Gobiernos”.

La entidad observa con preocupación que las críticas gubernamentales, sumadas a un ambiente digital hostil, afectan el margen de actuación de la Corte Constitucional. Además, advierte que estas presiones “podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo”.

El Ejecutivo ecuatoriano no ha emitido una respuesta oficial al comunicado de la CIDH hasta el momento. Este silencio contrasta con la gravedad de las advertencias de la Comisión, que insiste en la necesidad de garantizar un entorno libre de interferencias políticas para el funcionamiento de la justicia. La Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, juega un rol clave en la supervisión de las decisiones gubernamentales, lo que la convierte en un actor central en el sistema de checks and balances.

La CIDH, como organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región. Su pronunciamiento refleja la relevancia de la independencia judicial como garantía de los derechos fundamentales y la estabilidad democrática.

«La protesta del 12 de agosto, convocada por el Gobierno y apoyada, entre otras, por autoridades de la Asamblea Nacional se suma a un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra la Corte. La marcha incluyó el traslado de una tanqueta militar al edificio del tribunal.
Estos hostigamientos amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad e integridad de quienes trabajan en la Corte», declaró la CIDH.

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