La audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio que se instala este jueves, 10 de julio, en la Unidad Judicial Sur de Valdivia será determinante para conocer si 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) enfrentan un proceso penal por la desaparición forzada de cuatro adolescentes en el caso conocido como Los Cuatro de Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024.

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La Fiscalía busca demostrar que los militares detuvieron ilegalmente a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina —de entre 11 y 15 años—, quienes luego fueron asesinados y abandonados en un camino rural en Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas.

Como parte de las pruebas se incluye material audiovisual clave, como un video grabado por uno de los tenientes procesados que muestra a los menores maltratados. El uniformado envió la grabación a su hermana, cuyo teléfono fue incautado para extraer la evidencia.

Además, se halló una fotografía de uno de los menores en el celular de Bryan Vicente A.A., alias “Momo”, identificado como líder de la banda Las Águilas y presunto autor intelectual de los asesinatos, aunque su caso se ventila en otro proceso penal.

El abogado de las familias de las víctimas, Abraham Aguirre, patrocinado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), dio a conocer que existen dos líneas de investigación: la primera, por desaparición forzada, es la que se analiza en esta audiencia, mientras que la segunda, por secuestro con muerte, continúa en etapa de investigación previa a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), dirigida por el fiscal Wilson Toainga.

El juez deberá determinar si los elementos presentados son suficientes para llamar a juicio a los uniformados, quienes permanecen detenidos desde el 31 de diciembre de 2024, con excepción de un alto oficial que fue vinculado como presunto cómplice posteriormente. También se decidirá si se mantienen las medidas de prisión preventiva para los implicados.

Mientras tanto, el CDH ha convocado a una concentración pacífica frente a la Unidad Judicial Sur, donde familiares, amigos y defensores de derechos humanos se reunirán para exigir justicia por los cuatro adolescentes, convertidos en un símbolo de la lucha contra los abusos de poder y la impunidad en el país.

Nuevas versiones de testigos señalan al subteniente John Henrry Z.E. como principal responsable de las agresiones y del abandono de los cuatro menores en una zona rural de Taura.

De acuerdo con estos testimonios, el oficial habría ordenado dejarlos desnudos de noche en un lugar apartado, contradiciendo las primeras versiones que aseguraban que serían entregados a la Policía en Yaguachi.

Los relatos describen golpizas, disparos a corta distancia y grabaciones de los maltratos. Además, otros uniformados —los cabos Rodrigo Raúl N.P. y Ronald P.T., junto con el sargento Wilmer Danny L.C.— también habrían participado en los actos de violencia antes de abandonar a los jóvenes, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida y calcinados.

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