Docentes panameños mantienen diálogo con Asamblea Nacional para levantar huelga
En Panamá, el Código de Trabajo no se aplica a los servidores públicos, lo que históricamente ha generado vacíos legales y conflictos sobre la garantía de sus derechos laborales.
En Panamá, el derecho a huelga está reconocido por la Constitución y forma parte de los derechos humanos laborales; sin embargo, los paros suelen ser objeto de represión o sanciones por parte de las autoridades. Foto: EFE
9 de julio de 2025 Hora: 19:20
Los educadores panameños continúan en conversaciones con la Asamblea Nacional, específicamente con la nueva junta directiva que ahora encabeza una coalición de partidos opositores.
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El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, convocó a los gremios magisteriales a una mesa de diálogo con el fin de poner fin a la huelga que ya supera los dos meses.
El escenario se mantiene tenso debido a las amenazas del Ejecutivo y del Ministerio de Educación (Meduca), que abrió más de 30 procesos disciplinarios contra maestros con la intención de destituirlos y sustituirlos en sus cargos.
A esto se suma la postura oficial de aplicar la política de “quien no trabaja, no cobra”, apelando a la supuesta declaración de ilegalidad de la paralización de actividades.
Este conflicto ha reavivado la discusión sobre el derecho a la huelga, un principio reconocido tanto por la Constitución como por fallos previos de la Corte Suprema de Justicia, pero que carece de una regulación específica para los empleados del sector público.
Es importante recordar que en Panamá el Código de Trabajo no se aplica a los servidores estatales, lo que históricamente ha generado vacíos legales y conflictos sobre la garantía de sus derechos laborales.
Mientras se desarrollan las conversaciones, los educadores exigen que se respete su derecho a protestar, se restituyan los salarios retenidos durante el paro y se formalice un acuerdo de cierre que ya estaría consensuado por el gremio.
Asimismo, los maestros se comprometieron a recuperar las clases perdidas correspondientes al primer trimestre del año lectivo, con el objetivo de normalizar la actividad educativa lo antes posible.
Sin embargo, la resolución de este conflicto también depende del destino de la Ley 462, cuya derogación es una de las principales demandas de los docentes. En la Asamblea, algunos legisladores presentaron propuestas para anular esta normativa y retomar reformas a la Ley 51 de 2005, que modificó la estructura de la Caja del Seguro Social.
Autor: teleSUR - idg - YSM
Fuente: teleSUR
