El Gobierno español ha dado un paso histórico. Este martes 22 de julio aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada, un texto que permitirá, por primera vez, acceder a documentos reservados de la dictadura franquista y la transición democrática. Si supera el trámite parlamentario, España comenzará a desenterrar, con sello oficial, una parte de su historia silenciada durante más de 80 años.

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La nueva ley sustituye a la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968, aún vigente pese a ser anterior a la Constitución de 1978. El nuevo marco legal fija un plazo máximo de 45 años para la clasificación de documentos, prorrogables hasta 60 en casos justificados, y contempla la desclasificación automática de todos los documentos anteriores a 1980, salvo si existe una amenaza explícita para la seguridad nacional.

Según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se trata de “una norma democrática” que “supera una rémora del pasado” y alinea a España con los estándares europeos y de la OTAN. El texto incluye cuatro categorías de secreto: Alto secreto, Secreto, Confidencial y Restringido, con plazos específicos según el grado de sensibilidad.

Fin del blindaje histórico

La iniciativa llega tras años de reclamos de víctimas del franquismo, organizaciones de memoria histórica y partidos políticos que han denunciado el manto de impunidad que cubría aún amplios sectores del aparato del Estado, incluido el papel de la Iglesia, las élites económicas y la propia monarquía durante la dictadura.

Uno de los aspectos más simbólicos de la nueva norma es que prohíbe clasificar documentos que contengan información sobre violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Esto abriría la puerta al acceso público a archivos vinculados a la represión franquista, a los vuelos nazis sobre territorio español y al rol de Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado designado por Franco.

La ley también refuerza el papel del Congreso de los Diputados, que podrá acceder a la información clasificada a través de una comisión parlamentaria específica. Además, prevé sanciones administrativas severas (de hasta 2.5 millones de euros, más de 2.9 millones de dólares) para quienes revelen datos protegidos fuera del marco legal.

Una deuda con la historia

Organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) saludaron la aprobación del texto, aunque advierten sobre posibles vacíos. La ARMH ha pedido expresamente que no se impongan restricciones al acceso a documentación sobre la implicación de la Iglesia, las operaciones militares encubiertas o los negocios de la familia Franco.

Su presidente, Emilio Silva, recordó que existen informes elaborados en los años 50 sobre fosas comunes que fueron usados para planificar traslados al Valle de los Caídos, y que esos archivos “son el mejor mapa de la represión franquista que existe hoy”.

El proyecto cumple con compromisos asumidos por el Gobierno de Pedro Sánchez con el Parlamento y con recomendaciones de la Comisión Europea para garantizar el acceso a la información pública como base del Estado de derecho. También rescata una promesa interrumpida por la convocatoria de elecciones en 2023, cuando una propuesta similar quedó congelada.

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que protegerá el secreto profesional de los periodistas, una herramienta clave para el derecho a la información y la investigación de hechos históricos.

Una ley para romper el silencio

De aprobarse, esta ley puede marcar un antes y un después. No se trata solo de liberar papeles, sino de enfrentar el trauma de un país que aún carga con los desaparecidos de sus cunetas y el silencio institucional sobre décadas de represión.

En palabras de Bolaños: “Avanzamos como una democracia madura, donde los ciudadanos tienen derecho a saber”. El desafío, sin embargo, no será solo legal, sino político y moral: que esos secretos desclasificados no se queden en archivos polvorientos, sino que lleguen a la memoria viva del pueblo.

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