Desclasifican informe de inteligencia de EE.UU. que desmiente mito del Tren de Aragua
Se trata del documento elaborado por las principales agencias de inteligencia de EE.UU. que descarta vínculos entre el Gobierno de Venezuela y el extinto grupo criminal.

6 de mayo de 2025 Hora: 11:16
El informe con fecha de 7 de abril de 2025 y difundido por el New York Times este lunes, tiene la firma del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., y concluye que no existe evidencia de que el Gobierno de Nicolás Maduro dirija o coordine al Tren de Aragua (TDA), contradiciendo narrativas usadas para justificar deportaciones masivas y al margen de la Justicia.
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El documento, respaldado por 18 agencias de inteligencia, detalla que la migración venezolana responde a factores socioeconómicos y desmonta acusaciones de una «invasión orquestada».
«No hay política de cooperación ni dirección»
El documento, titulado «Venezuela: Examining Regime Ties to Tren de Aragua», asevera que el Gobierno de ese país«no tiene una política de cooperación con el TDA y no dirige sus movimientos u operaciones hacia Estados Unidos».
Para llegar a esa conclusión, la investigación se basa en tres ejes:
- Acciones de fuerzas de seguridad venezolanas: El informe cita operaciones contra el grupo, como los arrestos de miembros del TDA por parte de la Guardia Nacional en enero de 2025, señalando que «Venezuela trata al TDA como una amenaza».
- Estructura descentralizada del TDA: El NIC subraya que «la composición descentralizada del TDA haría logísticamente difícil una relación estratégica» con el Gobierno venezolano, ya que el grupo opera en células autónomas sin un mando unificado.
- Falta de inteligencia corroborada: El texto admite que «la mayoría de la comunidad de inteligencia (IC) juzga que los indicios de que líderes del régimen dirigen o facilitan la migración del TDA a EE.UU. no son creíbles».
Por otro lado, el informe reconoce indirectamente que la migración venezolana es resultado del bloqueo económico y sus consecuencias económicas. En ese sentido, el documento señala que «los migrantes huyen de la economía colapsada» y que entre 2021 y 2024, el aumento de encuentros en la frontera EE.UU.-México coincidió con «condiciones socioeconómicas, lazos familiares en EE.UU. y percepciones sobre políticas migratorias», no con una agenda gubernamental de Miraflores.
A su vez, el documento resta importancia a reportes aislados recabados por el FBI de testigos e involucrados que señalan cooperación entre miembros del las Fuerzas de Seguridad de Venezuela y el TDA. Según concluye el reporte, si bien pueden existir «algunos funcionarios se benefician», no existen fundamentos para señalar una dirección coordinada y que en todos los casos analizados, no existían «órdenes de arriba».
El NIC reconoce que algunos «funcionarios de medio y bajo nivel probablemente obtienen ganancias ilícitas» del TDA, como sobornos por alertar sobre redadas, sin embargo, esto no implica una estrategia de Estado:
- En 2023, durante el desalojo del TDA de la Prisión de Tocorón, «líderes del grupo escaparon, posiblemente con ayuda de militares o políticos de bajo nivel», pero el Gobierno local actuó para frenar críticas mediáticas, no para proteger al grupo.
- Reportes del FBI sugieren que «algunos funcionarios facilitan la migración de miembros del TDA», pero el NIC advierte que estas fuentes «podrían estar motivadas a fabricar información para reducir condenas».
Es válido mencionar que ante la existencia y expansión del TDA, en 2019 las autoridades venezolanas iniciaron investigaciones y llevó a cabo un ataque contra esta banda en dos fases: una primera en la cual se ubicaron a sus líderes y se desarticuló la organización, resultando en la detención de 28 integrantes y la emisión de órdenes de aprehensión contra otros 46 individuos; y una segunda, desencadenada tras la toma del penal de Tocorón en la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, enfocada en desmantelar el entramado financiero de la banda y que tuvo su reedición en otros penales como los de Yaracuy y Trujillo, así como el de Tocuyito.
En esta última operación se realizaron allanamientos, decomisos de vehículos e inmuebles, y se detuvo a 16 involucrados, con 14 en proceso judicial. En total, hay 44 detenidos y 102 con órdenes de aprehensión por su involucramiento con el Tren de Aragua. Tras estos operativos, la banda quedó totalmente desarticulada y en enero de este año, el Ministerio Público de Venezuela informó el total desmantelamiento de la banda en territorio venezolano. Allí, también se señala que una de las barreras que han impedido mayor avance en el juzgamiento de los integrantes del Tren de Aragua, “es el cobijo que reciben en territorio colombiano”.
Contraste con narrativas de Trump
Tras el análisis anterior, la IC señala que la hipótesis del vínculo entre el Gobierno venezolano y el TDA es «una teoría sin sustento en inteligencia». El documento desmiente directamente los argumentos de la Administración Trump y figuras como María Corina Machado, quienes alegaron que Maduro usa al TDA para «invadir» EE.UU. con criminales.

El NIC aclara que no hay pruebas de que el TDA coordine tráfico humano a gran escala: Su estructura descentralizada y enfoque en «actividades criminales de baja habilidad» lo hacen incapaz de operaciones complejas. En ese sentido, en su página 3, el informe señala que la idea de que el Gobierno venezolano «está enviando miembros del TDA para desestabilizar gobiernos extranjeros […] carece de respaldo en la inteligencia disponible».
El informe refuerza las críticas a las deportaciones de venezolanos a centros de detención en El Salvador como la de los abogados de derechos humanos del ACLU, que señalan que «muchos deportados no tenían antecedentes penales», y su detención se basó en nacionalidad, no en pruebas. Hechos que han sido considerados como contrarios al derecho por el juez federal James E. Boasberg, quien además ordenó detener las deportaciones. Sin embargo la Administración ignoró la orden.
Expertos legales señalan que usar la Ley de Enemigos Extranjeros sin un vínculo comprobado con un gobierno «viola el debido proceso y establece un precedente peligroso». Pero además, la consideración de la Casa Blanca para fundamentar la utilización de esta ley, de que el TDA es utilizado por Caracas para desestabilizar a Estados Unidos, es descartada por sus propios organismos de inteligencia.
Autor: teleSUR - NH
Fuente: New York Times - Ministerio Público de Venezuela - teleSUR - Agencias