El juez James Boasberg, presidente del Tribunal de Distrito de EE.UU., enfrenta una denuncia por presunta mala conducta judicial tras haber bloqueado temporalmente la deportación de migrantes señalados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

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La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia, que cuestiona la imparcialidad del magistrado y lo vincula a declaraciones críticas sobre la administración de Donald Trump.

La queja fue elaborada por Chad Mizelle, jefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi, y enviada al juez presidente del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, Sri Srinivasan.

Según el documento, Boasberg afirmó durante una conferencia judicial en marzo que el gobierno de Trump ignoraría decisiones de cortes federales, lo que podría generar “una crisis constitucional”. Para el Departamento, estas declaraciones fueron inapropiadas y carentes de evidencia.

El contexto se tensó aún más cuando Boasberg emitió, días después, una orden judicial que impedía la deportación inmediata de venezolanos señalados como integrantes del Tren de Aragua. Esa medida fue revocada posteriormente por la Corte Suprema, pero abrió un fuerte debate sobre la actuación del magistrado.

Las autoridades judiciales han solicitado que un comité especial investigue si su conducta violó principios éticos del cargo.

Boasberg ya había generado tensiones con la administración Trump en el pasado, al dictar fallos que cuestionaban la legalidad de deportaciones aceleradas, señalando que estas violaban el debido proceso. Sus decisiones provocaron múltiples recursos legales, y algunas llegaron a la Corte Suprema, que en al menos dos ocasiones respaldó sus planteamientos constitucionales.

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