Organizaciones sociales denunciaron este lunes al Gobierno de José Raúl Mulino por aplicar métodos represivos y de intimidación para que retornen a sus “labores” y dejen de manifestarse contra la Ley 462 de la Caja de Seguro social.

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En este sentido, docentes panameños insisten en la utilización de métodos coercitivos por parte del Gobierno. Por su parte, el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Diógenes Sánchez, remarcó la postura de la ministra de Educación, Lucy Molinar quien envía funcionarios de esa cartera a las casas para notificar despidos a quienes participan en las manifestaciones.

“Es una acción arbitraria y afecta psicológicamente a las familias”, dijo, al tiempo de recalcar que se trata de un problema laboral, entre el Ministerio y los maestros y no tiene por qué involucrarse a los familiares.

Asimismo, aseveró el dirigente que dicha notificación administrativa, según el procedimiento establecido, solo se realiza a través de los directores de los centros.

En esta administración, remarcó la dirigencia, se intentó con recursos del Estado una compra millonaria de computadoras portátiles.

El líder gremial subrayó que Molinar no tiene la solvencia moral para enfrentar a los docentes en protesta que no cejarán en su lucha, ahora con más fuerza y ánimos.

Al tiempo que Sánchez catalogó como cínica y perversa la actuación de Molina, afirmó que no tiene competencia para la dirigencia del Ministerio.

Por su parte, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), denunció también al presidente, señalando que “entendemos su fijación con nosotros: somos la voz que no se doblega, la fuerza que no se compra”.

“A un año de su mandato, las encuestas reflejan el desencanto del pueblo. Le quedan cuatro años, y  seguiremos aquí, firmes, denunciando cada abuso y organizando cada resistencia”, dijo el gremio.

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