El reciente aumento de tarifas para la navegación por datos móviles en Cuba, anunciado por la empresa estatal ETECSA, ha detonado una ola de polémicas que se expresa en las calles, universidades y redes sociales, poniendo a prueba la capacidad de gestión comunicacional del Gobierno.

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, insistió en que la medida responde a una “situación crítica provocada por el bloqueo y la falta de divisas”. Sectores sociales, especialmente estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, consideran que la medida fue mal comunicada, impopular y desproporcionada en relación con los ingresos reales de la mayoría. “No se informó al pueblo con antelación”, señaló un residente habanero. “Fue como un cubo de agua fría”.

Desde la Mesa Redonda televisiva, altos funcionarios como el vice primer ministro Eduardo Martínez y la presidenta ejecutiva de la entidad justificaron la subida, señalando que se había pospuesto por años. La falta de financiamiento impide sostener la infraestructura actual e importar tecnología clave, en un contexto económico duramente golpeado por la caída del turismo, las sanciones externas y el colapso energético.

A pesar de esto, el Gobierno ha buscado suavizar el impacto de la medida con ajustes, como permitir la contratación de un segundo plan de datos para estudiantes universitarios, garantizar el acceso gratuito a portales educativos y científicos, y priorizar el uso social de Internet en sectores como la salud y la educación.

Las redes sociales, sin embargo, se han convertido en el verdadero termómetro de la crisis. Cuentas anónimas y perfiles enmascarados han alentado acciones de protesta como sentadas en universidades o manifestaciones no autorizadas.

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) negó cualquier vinculación con estas iniciativas y ratificó su adhesión a la Revolución, aunque reconoció la necesidad de diálogo y reformas en la política digital.

“Lo que se juega aquí no es un paquete de datos”, señala un comentarista, “es la credibilidad de un proyecto político que la mayoría todavía está dispuesta a defender, pero exige explicaciones claras y participación efectiva”.

Funcionarios del Partido y del Gobierno alertaron sobre una posible instrumentalización del conflicto por parte de actores externos y medios digitales que, según ellos, buscan convertir la legítima inconformidad en una plataforma de desestabilización.

El presidente Díaz-Canel ha insistido en que el Gobierno revolucionario no toma decisiones arbitrarias, y que se buscan alternativas para los sectores vulnerables.

Para el profesor universitario Ernesto Teuma, el conflicto, aunque tenso, no es necesariamente negativo. Puede ser una oportunidad para fortalecer la institucionalidad cívica, definir mejor las responsabilidades del Estado en la garantía de derechos digitales y exigir mayor transparencia en la administración de servicios públicos.

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