El presidente argentino Javier Milei anunció recientemente el envío de un proyecto de ley para sancionar a legisladores que aprueben presupuestos con déficit fiscal, una propuesta que desató una tormenta política en el país sudamericano tras su cadena nacional.

La iniciativa presidencial incluye prohibir al Tesoro financiar el gasto primario mediante emisión monetaria, medidas que generaron una reacción feroz desde diversos sectores opositores, especialmente del peronismo, la izquierda y la Coalición Cívica.

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lideró las críticas con un mensaje en la red social X, donde cuestionó duramente las afirmaciones presidenciales sobre el panorama económico nacional.

“Che Milei… más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, escribió la exmandataria, calificando de “locura” o “mentira” las declaraciones sobre el supuesto triunfo de los salarios ante la inflación.

Kirchner desmintió categóricamente que el Gobierno haya cesado la emisión monetaria y acusó al mandatario de “emitir a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera”. También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, señalándolo como representante de los sectores beneficiados por esta política económica. 

Kicillof denuncia “deriva autoritaria”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la iniciativa presidencial como un “delirio cósmico” y advirtió sobre una peligrosa “deriva autoritaria” del mandatario libertario.

“Busca penalizar a los diputados que no votan lo que él considera correcto”, declaró Kicillof en entrevistas radiales, criticando además el modelo económico destructivo implementado por La Libertad Avanza.

El dirigente provincial atribuyó la desaceleración inflacionaria a la “plancha” aplicada sobre el dólar, los salarios y las jubilaciones, denunciando la destrucción sistemática del aparato productivo y la capacidad estatal.

Oposición unida contra el autoritarismo

La diputada y economista Julia Strada cuestionó si el presidente busca responsabilizar al Congreso por futuros datos inflacionarios negativos, mientras el exministro Agustín Rossi aseguró que “plata hay” pero falta voluntad política para mejorar las condiciones de jubilados, docentes y trabajadores.

El dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano escaló las críticas, acusando al mandatario de promover “autoritarismo” e incurrir en “delito de traición a la patria” por gobernar con “suma del poder público”.

Lozano destacó que se resignan recursos esenciales como los 1.250 millones de dólares anuales perdidos por la reducción de retenciones, equivalentes al financiamiento de cinco meses de todas las universidades públicas.

Desde la izquierda, Nicolás del Caño denunció que el Gobierno “robó 2.100.000 pesos a cada jubilado”, mientras Myriam Bregman calificó el anuncio presidencial como “ilegal” y “monárquico”.

Bregman recordó que el Ejecutivo no puede legislar en materia tributaria por decreto, cuestionando la constitucionalidad flagrante de las medidas propuestas.

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