Los hospitales de Estados Unidos enfrentan una tormenta perfecta: una población que envejece, recortes federales al sistema de salud y una ofensiva migratoria que amenaza con desmantelar el corazón de su fuerza laboral.

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Según datos censales analizados por la organización KFF, uno de cada seis trabajadores hospitalarios en EE.UU. es inmigrante, y en estados como California, Nueva York, Nueva Jersey y Florida ese porcentaje supera el 25 por ciento.

Estos trabajadores, muchos de ellos naturalizados o sin ciudadanía, cumplen funciones clave tanto en la atención médica como en los servicios de limpieza y mantenimiento.

La dependencia del sistema hospitalario estadounidense respecto a la mano de obra inmigrante es estructural. No se trata únicamente de médicos o enfermeros, sino también de miles de trabajadores esenciales cuyas tareas hacen posible el funcionamiento cotidiano de hospitales públicos y privados.

Entre estos se incluyen trabajadores de mantenimiento, limpieza, recogida de desechos o la elaboración de alimentos, tanto destinada a pacientes o personal sanitario.

Sin embargo, las nuevas políticas migratorias del Gobierno de Trump, heredadas en parte de la era Biden y del primer mandato del republicano, han sido endurecidas por presiones internas y colocan a estos profesionales de la salud en una situación de extrema vulnerabilidad.

A este contexto se suma la aprobación de lo que medios locales han llamado el “Big Beautiful Bill”, impulsado por sectores del Congreso aliados a los grandes capitales republicanos. La norma reduce drásticamente el financiamiento de Medicaid y modifica pilares fundamentales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, dejando a millones sin cobertura médica.

Scott Hulver, analista de políticas públicas de KFF, advirtió que si continúa la reducción del personal hospitalario, muchos centros médicos deberán recortar servicios, afectando a comunidades enteras, especialmente las más pobres.

La crisis no es nueva, pero se agudiza con cada ciclo presupuestario. Desde 2010, con la aprobación del llamado “Obamacare”, el sistema sanitario vivió una expansión sin precedentes, facilitando el acceso a la salud de sectores históricamente excluidos. Esa tendencia ahora se revierte: menos recursos, más restricciones, menos derechos.

En paralelo, la Casa Blanca promueve medidas que criminalizan la migración y desalientan la permanencia de trabajadores extranjeros en el país, en un intento por maquillar el déficit comercial y electoral que enfrenta el actual mandatario.

Todo esto, en un contexto donde la demanda de atención médica sigue en aumento, producto del envejecimiento poblacional y la precarización de la salud pública.

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