La Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) emitió una orden que bloquea temporalmente la implementación de la ley de inmigración SB 4-C en Florida, una medida que buscaba penalizar la entrada y reingreso de inmigrantes indocumentados al estado.

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La decisión mantiene la suspensión de la ley, mientras continúa su revisión en tribunales de apelación, reflejando un debate en curso sobre la autoridad estatal en asuntos migratorios.

La ley SB 4-C, promulgada en 2025 y firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis establece que la entrada no autorizada de inmigrantes indocumentados al estado constituye un delito menor (misdemeanor), con una pena mínima de nueve meses de cárcel para la primera infracción. Las reincidencias se clasifican como delitos graves (felonies), con sanciones más severas.

Además, la normativa penaliza el reingreso de inmigrantes previamente deportados, considerándolo un delito grave, y prohíbe la fianza para los arrestados bajo estas disposiciones hasta la resolución de sus casos.

La orden de la Corte Suprema responde a una solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien pidió permitir la aplicación de la ley mientras se resuelve una apelación.

El tribunal superior denegó la solicitud, respaldando una decisión previa de la jueza federal Kathleen Williams, quien en abril de 2025 suspendió la ley por considerarla probablemente inconstitucional.

Según el fallo de Williams, «el estado no puede dictar leyes que interfieran con la autoridad federal sobre inmigración«, un principio basado en la supremacía de la legislación federal en este ámbito.

La demanda contra la ley fue presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, junto con dos personas afectadas, quienes argumentaron que la SB 4-C viola la autoridad federal exclusiva sobre inmigración, establecida en la Constitución de EE. UU.

 Los demandantes también señalaron que la ley podría fomentar el perfilamiento racial y restringir el debido proceso, al imponer detenciones sin posibilidad de fianza. Este caso no es aislado.

Al menos siete estados de EE. UU., incluidos Texas, Oklahoma, Iowa, Louisiana, Missouri, Carolina del Sur y Tennessee, han propuesto leyes similares para regular la inmigración a nivel estatal.

Varios de estos esfuerzos han enfrentado bloqueos judiciales por razones constitucionales similares, evidenciando un conflicto entre las políticas estatales y el marco legal federal. La decisión de la Corte Suprema tiene implicaciones significativas en el contexto migratorio actual.

La suspensión de la SB 4-C refuerza que la inmigración sigue siendo una competencia primaria del Gobierno federal, aunque los estados pueden colaborar con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo acuerdos específicos.

El proceso judicial de la SB 4-C continúa en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito. Si el tribunal de apelaciones mantiene el bloqueo, Florida podría presentar una nueva apelación ante la Corte Suprema, lo que podría llevar a una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la ley. Mientras tanto, la normativa permanece suspendida, y las autoridades estatales no pueden arrestar ni procesar a inmigrantes indocumentados bajo sus disposiciones.

Este fallo representa una pausa en los esfuerzos de Florida por endurecer sus políticas migratorias, pero el debate sobre el alcance de la autoridad estatal en inmigración sigue abierto.

Organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes permanecen atentas al desarrollo del caso, que podría sentar precedentes para otras leyes estatales similares en el futuro.

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